La fiscal general de Arizona, Kris Mayes anunció una nueva demanda contra la administración de Donald Trump. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, encabezó una coalición multistatal para demandar al gobierno de Donald Trump por imponer aranceles “ilegales” mediante órdenes ejecutivas que, según los demandantes, violan la Constitución. La acción legal, presentada en la Corte de Comercio Internacional de Estados Unidos, busca bloquear cuatro decretos que incrementan tasas a importaciones globales, incluyendo un 145% para productos chinos y 25% para bienes de México y Canadá.
Los aranceles, definidos por Mayes como “un esquema de impuestos insensato”, afectarían desde equipos industriales hasta productos básicos.
Bill Sandweg, dueño de Copper Star Coffee en Phoenix, alertó que la medida “golpearía especialmente al café”, mencionando aumentos en maquinaria italiana, granos y empaques.
“La industria restaurantera verá un declive en crecimiento y aperturas”, advirtió, reflejando temores de pequeños empresarios. Estudios citados en la demanda estiman que el costo de vida para familias en Arizona aumentaría “miles de dólares anuales”, con riesgos inflacionarios proyectados por la Reserva Federal.
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La demanda argumenta que Trump excedió su autoridad al usar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), diseñada para amenazas externas “inusuales y extraordinarias”, no para imponer aranceles.
“Solo el Congreso tiene potestad para establecer impuestos y aranceles bajo el Artículo I de la Constitución”, señaló Mayes. Ningún presidente había invocado la IEEPA con este fin desde su creación en 1977.
Mayes y el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, lideraron la demanda, respaldada por once estados, incluidos Colorado, Nueva York y Nuevo México. La diversidad geográfica de la coalición, con estados fronterizos como Arizona y agrícolas como Illinois, subraya el alcance multisectorial de los aranceles.
“No permitiremos que la administración Trump perjudique ilegalmente nuestra economía”, declaró Mayes.
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Los decretos impugnados también planeaban aumentar tasas para 46 socios comerciales desde el 9 de julio, medida que según expertos podría desestabilizar cadenas de suministro ya frágiles. La demanda recuerda que, durante el primer mandato de Trump, el 95% de los costos arancelarios recayeron en consumidores estadounidenses, según análisis de la Reserva Federal.
Para Arizona, estado que en 2023 importó más de $30 mil millones en bienes —desde componentes electrónicos hasta productos agrícolas—, el impacto sería desproporcionado. “Es una carga ilegítima para familias y negocios”, insistió Mayes, cuyo equipo legal busca una injunción urgente para bloquear los aranceles antes de su implementación total.
