Fallo de la Corte de Apelaciones rechaza argumento de inmunidad presidencial para Donald Trump. Foto: Cortesía / Facebook Donald J. Trump
Un juez de la Corte de Apelaciones rechazó la última tentativa del presidente electo y criminal convicto Donald Trump de cancelar su sentencia prevista para este viernes en el caso de los pagos secretos en Manhattan. En una decisión de una página, la jueza asociada Ellen Gesmer declaró que el recurso de Trump era “denegado”, dejando en pie el fallo que lo declaró culpable de 34 delitos graves por falsificación de documentos empresariales.
Sin embargo en un intento desesperado, los abogados de Trump han pedido la intervención de sus aliados en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que en otras ocasiones se man mostrado simpatizantes al grado de concederle la inmunidad presidencial que prácticamente lo ha librado de todos sus casos federales, pero este caso es estatal.
Trump había solicitado a la División de Apelaciones del Primer Departamento de Nueva York anular el veredicto del jurado de mayo, argumentando que estaba protegido por la inmunidad presidencial. Sin embargo, estos argumentos ya habían sido desestimados previamente por el juez Juan Merchan, quien también se negó a cancelar la sentencia mientras se resolvía la apelación.
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Durante la reciente audiencia, la jueza Gesmer cuestionó a Todd Blanche, abogado de Trump, sobre su afirmación de que la inmunidad presidencial se extiende a un presidente electo. “¿Tiene alguna base para sostener que la inmunidad presidencial cubre a un presidente electo?”, preguntó. Blanche admitió que no había precedentes de un caso similar.
La defensa de Trump enfrenta una batalla cuesta arriba, ya que los tribunales han sido consistentes en negar sus intentos de usar la inmunidad presidencial como escudo contra procesos judiciales por actos cometidos antes de asumir el cargo.
El juez Merchan dejó claro que, aunque no tiene intención de imponer una sentencia de prisión dado que Trump asumirá la presidencia en pocos días, pero considera crucial llevar a cabo una audiencia pública de sentencia.
Este caso histórico se centra en los pagos realizados a la actriz porno Stormy Daniels durante la campaña presidencial de 2016. Según la fiscalía, Trump intentó ocultar estos pagos a través de registros contables falsificados para evitar un escándalo que podría haber afectado sus posibilidades de ser elegido. La gravedad de las acusaciones radica en cómo el encubrimiento violó leyes estatales y principios de transparencia electoral, manipulando la percepción pública.
La sentencia fijada para el 10 de enero de 2025 marcará un momento sin precedentes: Trump será el primer presidente en la historia de Estados Unidos en asumir el cargo como un delincuente convicto.
Este hecho pone de manifiesto la tensión entre la justicia y la política, y plantea preguntas fundamentales sobre la integridad del proceso electoral y la rendición de cuentas en la política.
Repercusiones legales y políticas
El fallo del juez Merchan, detallado en 18 páginas, rechazó también las mociones de Trump basadas en la Cláusula de Supremacía, que protege a los presidentes en funciones de ciertas obligaciones judiciales. Aunque Trump no enfrentará prisión ni libertad condicional, la audiencia de sentencia será una plataforma para que la fiscalía subraye la gravedad de sus crímenes.
La exfiscal Karen Friedman Agnifilo señaló que el discurso del juez durante la audiencia será histórico: “Esto no es solo para la corte, sino para los libros de historia”. Mientras tanto, el equipo legal de Trump tendrá la oportunidad de presentar su defensa, buscando mitigar el impacto público y político del fallo.
La sentencia de Trump subraya que nadie está por encima de la ley, incluso en las más altas esferas del poder. Aunque sus seguidores podrían interpretar la condena como un ataque político, este caso establece un precedente crucial para futuros líderes.
Polémico bloqueo a informe de Fiscal Especial
En un movimiento que ha generado controversia, la juez federal Aileen Cannon bloqueó temporalmente la liberación del informe final del fiscal especial Jack Smith sobre sus investigaciones criminales contra Donald Trump. Esta decisión, emitida a petición de dos aliados de Trump que fueron coacusados en el caso de documentos clasificados, marca otro episodio en una serie de acciones judiciales cuestionables por parte de Cannon, quien fue nominada al cargo por Trump durante su presidencia.
El informe final de Smith, que iba a ser entregado al fiscal general Merrick Garland y eventualmente publicado, detalla las conclusiones sobre el manejo de documentos clasificados por parte de Trump tras dejar la presidencia en 2021 y sus intentos por subvertir las elecciones de 2020. Sin embargo, la orden de Cannon prohíbe al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) publicar el informe hasta al menos tres días después de que un tribunal de apelaciones se pronuncie sobre el tema.
Sin embargo, el DOJ confirmó que la parte del informe en el caso de los intentos de Trum por anular la elección 2020 si se publicará.
Precedentes cuestionables
No es la primera vez que las decisiones de Cannon generan críticas. En julio pasado, desestimó los cargos presentados por Smith contra Trump y sus coacusados, alegando que el nombramiento de Smith por Garland era ilegal. Aunque el DOJ apeló esa decisión, posteriormente retiró la parte de la apelación relacionada con Trump, manteniendo solo el caso contra sus aliados.
La historia judicial de Cannon incluye otros movimientos que también han sido percibidos como favorables a Trump, por ejemplo, en 2022, Cannon intervino para limitar el acceso del DOJ a documentos incautados en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, una decisión que fue posteriormente revocada por un tribunal de apelaciones.
La orden de Cannon ha generado críticas entre expertos legales, quienes cuestionan su autoridad para intervenir en esta etapa del caso. Un portavoz del DOJ declinó hacer comentarios sobre la orden, pero aseguró que el informe no se publicaría antes del viernes.
