Jesús Vasavilbaso, portavoz de la Patrulla Fronteriza, advirtió que quienes intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán detención, deportación y posibles cargos federales, especialmente si tienen antecedentes penales. CORTESIA: Border Patrol
En el árido paisaje de Mariposa Canyon, cerca de Nogales, Arizona, las autoridades migratorias han intensificado su mensaje: cruzar la frontera sin autorización tendrá consecuencias “de por vida”. Jesús Vasavilbaso, portavoz de la Patrulla Fronteriza, advirtió que quienes intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos enfrentarán detención, deportación y posibles cargos federales, especialmente si tienen antecedentes penales.
“No es un proceso de prueba y error”, subrayó durante una conferencia.
Una de las políticas clave eliminadas es el “catch and release” (captura y liberación), que permitía a migrantes esperar fuera de centros de detención sus audiencias judiciales y ahora, las autoridades prometen procesar el 100% de los cruces no autorizados, incluyendo deportaciones hacia el interior de México o incluso cerca de la frontera con Guatemala.
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Según Vasavilbaso, el sector Tucson ha registrado una caída del 90% en cruces ilegales comparado con 2024, cifra que atribuye a la finalización de muros y políticas más estrictas. El Migration Policy Institute respalda parcialmente esta tendencia, aunque señala que la disminución comenzó bajo el gobierno de Joe Biden y se aceleró tras la cancelación de la aplicación CBP One, herramienta que permitía solicitar citas legales en puertos de entrada.
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En su lugar, Trump implementó “CBP Home”, para reportar autodeportaciones, con al menos 5,000 usuarios desde abril.
Pese al enfoque en deportaciones masivas, el mismo instituto estima que la administración Trump deportará alrededor de 500.000 personas en 2025, menos de la mitad de su objetivo declarado de un millón anual; esta cifra también está por debajo de las 685,000 deportaciones registradas en 2024 bajo Biden.
Organizaciones señalan que el gobierno ha “cerrado efectivamente” el acceso a asilo en la frontera suroeste, una práctica que ya mostraba retrocesos en los últimos años. Vasavilbaso reiteró que las vías legales dependen del Congreso, no de las autoridades fronterizas, aunque críticos argumentan que la retórica oficial desalienta incluso a quienes buscan protección.
