La ley migratoria 1718 que recién entró en vigencia en el estado de Florida y considerada en la actualidad la más peligrosa del país, está causando pánico en miles de familias, que es lo que buscó desde un principio su autor Ron DeSantis, advirtió Salvador Reza, dirigente de los Comités de Defensa del Barrio.
“Que no le tengan miedo (a DeSantis), ya sabemos que es un show político que planeó porque está aferrado a querer llegar a la Casa Blanca, lo está utilizando como bandera para cumplir su capricho”, aseveró el activista.
Como se recordará, la medida, que entró en vigor el 1 de julio, contempla un presupuesto de 12 millones de dólares para reubicar a inmigrantes de Florida en otros estados, algo que ya se hizo hace unos meses, cuando se enviaron varios grupos de indocumentados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts.
Desde semanas previas a la activación de la ley, se ha reportado el éxodo cientos de miles de inmigrantes que sostenían la agricultura e industrias como la construcción y el turismo, dando de entrada un duro golpe a la economía de Florida.
Igualmente, diversas organizaciones sociales han llamado a boicotear a ese estado evitando viajar o adquirir cualquiera de sus productos y de hecho, cientos de traileros sindicalizados se niegan a transportar cualquier carga en ese estado.
Esta legislación obliga a las empresas de más de 25 empleados a usar el sistema E-Verify, para certificar el estatus migratorio de los trabajadores y si contratan a indocumentados, se establecen multas de $1,000 al día.
También se invalidan las tarjetas de identificación y licencias de manejar de otros estados como Nueva York y California, no requieren un estatus migratorio para conseguir una licencia de conducir y partir de ahora, solo es válida una identificación de Florida.
Igualmente, los hospitales deberán recopilar la información sobre el estatus migratorio de los pacientes e informar trimestralmente al gobierno del Estado. También se contemplan sanciones si no se hace.
Y por último, el punto que ha causado más indignación: Prohíbe transportar indocumentados a Florida. De hacerlo, los conductores podrían ser acusados de tráfico humano.
Se establecen penas de cinco años de prisión y multas de $5,000 si el indocumentado es mayor de edad, pero de 15 años de prisión y multas de $15,000 si en el vehículo hay menores.
Llamado a la unidad
Salvador Reza insistió en no permitir que Ron DeSantis se salga con la suya de sembrar el terror entre la comunidad inmigrante y más se unan para luchar para erradicar esa ley como sucedió en Arizona con la SB1070.
“Hace falta que surja una organización que convoque y logre la unidad entre toda la comunidad, pero el movimiento tiene surgir al interior de Florida; que hagan como hicimos en Arizona, boicoteamos al estado, unimos a los empresarios y toda la comunidad y derrocamos a Russell Pearce (político republicano autor de dicha disposición.
