El anuncio del sheriff Mark Dannels convierte a Cochise County en el primer condado del país donde cada agencia policial utilizará el mismo sistema biométrico que ICE. Foto: Generada con Magnific
A partir de este verano, cada persona detenida en el condado de Cochise podrá ser identificada mediante un escaneo de iris con la misma tecnología que utiliza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
El alguacil Mark Dannels anunció esta semana que su oficina y todos los departamentos de policía municipales del condado adoptarán el sistema I.R.I.S., fabricado por la empresa BI² Technologies, con el argumento de que “garantiza precisión, seguridad y rendición de cuentas”.
La decisión, sin embargo, ha encendido las alarmas entre organizaciones de derechos civiles, que advierten sobre el riesgo de una vigilancia biométrica masiva en un condado donde las autoridades locales ya colaboran formalmente con ICE desde agosto de 2025 bajo un convenio 287(g).
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El acuerdo 287(g) permite a agentes locales entrenados actuar como extensiones de la autoridad migratoria federal: pueden interrogar sobre el estatus migratorio y retener a personas susceptibles de deportación durante patrullajes rutinarios o fichajes en la cárcel, incluso si no han sido condenadas.
La suma de ese convenio con la nueva tecnología de escaneo ocular —que BI² Technologies ya vendió a ICE mediante un contrato exclusivo de 10 millones de dólares— plantea un escenario en el que una parada de tránsito podría derivar en la captura biométrica de un iris, su cotejo con una base de datos de más de un millón de registros y su eventual uso en un proceso de expulsión.
El contrato de ICE con la firma de Massachusetts, divulgado por el medio 404 Media, especifica que la plataforma móvil I.R.I.S. está diseñada para que “agentes y socios 287(g) autentiquen rápidamente la identidad de sujetos durante operativos de campo”.
Es decir, los mismos policías locales que patrullan las calles de Bisbee, Douglas o Sierra Vista podrán, en teoría, escanear el iris de un sospechoso con un teléfono celular y enviar esa información a una base compartida con el gobierno federal.
Dannels no ha aclarado si ICE u otras agencias federales tendrán acceso en tiempo real a los datos que recopilen sus agentes; la oficina del alguacil no respondió a las solicitudes de comentarios de diversos medios.
La precisión que Dannels atribuye a la tecnología dista de ser absoluta. Un informe de 2012 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por sus siglas en inglés),citado en estudios posteriores, determinó que las tasas de error de los escáneres de iris pueden oscilar entre el 2.5 y el 20 por ciento, y que los sistemas pueden ser burlados con iris sintéticos.
En 2022, un dispositivo biométrico militar fue vendido en eBay con datos personales aún almacenados, y en Afganistán, la información biométrica de miles de ciudadanos quedó en manos de los talibanes tras la retirada estadounidense.
Expertos como el profesor de ciencias de la computación de la Universidad de Georgetown, Matthew Wright, han advertido que ningún sistema biométrico es infalible y que los falsos positivos pueden tener consecuencias devastadoras cuando se usan con fines de deportación.
La empresa BI² Technologies no es nueva en este terreno. Durante el primer mandato de Trump, ya había ofrecido a alguaciles fronterizos el uso gratuito de su tecnología por tres años, y un inversionista intentó concertar una reunión entre el director ejecutivo y un asesor del entonces fiscal general Jeff Sessions, según reportó The Intercept.
Tras la reelección de Trump en 2024, la compañía contrató a los cabilderos de BallardPartners, firma fundada en parte por la actual jefa de gabinete presidencial, Susie Wiles, y donde la exfiscal general Pam Bondi trabajó antes de unirse al gabinete, de acuerdo con investigaciones del Project on Government Oversight.
La decisión de Cochise County llega en un momento de fuerte presión migratoria en la frontera de Arizona, pues el condado, que colinda con Sonora y comparte más de 80 millas de línea divisoria con México, es una de las rutas más transitadas por los solicitantes de asilo.
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Desde la reactivación de los convenios 287(g) en 2025, al menos otros cinco condados de Arizona han firmado acuerdos similares, y el gobernador demócrata Stephen Roe Lewis,de la Nación Tohono O’odham, que también comparte frontera, ha expresado su preocupación por la militarización de la vigilancia en comunidades indígenas.
Organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Arizona han anunciado que presentarán solicitudes de información pública para conocer los protocolos exactos de uso de los escáneres y determinar si existe una cesión encubierta de datos entre las policías locales y las bases del gobierno federal.
