Harvard se erige como símbolo de resistencia ante los intentos de la administración Trump por condicionar fondos federales a cambios en sus políticas internas. Foto: Cortesía / Harvard University
En un pulso sin precedentes entre el poder político y académico, la Universidad de Harvard se erige como símbolo de resistencia ante los intentos de la administración Donald Trump por condicionar fondos federales a cambios en sus políticas internas. Con el respaldo de su endowment, el más grande del mundo, la institución enfrenta una congelación de millones en financiamiento, mientras defiende su independencia ante lo que califica de injerencia ilegítima.
El gobierno de Trump ha retenido recursos a varias universidades, acusándolas de no abordar adecuadamente el antisemitismo en protestas relacionadas con la guerra en Gaza.
Columbia University cedió a las exigencias, pero Harvard se negó a cerrar sus programas de diversidad e inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) o a modificar sus procesos de admisión y contratación. La respuesta federal fue inmediata: un congelamiento parcial de fondos, golpeando un pilar clave de su presupuesto operativo.
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Aunque Harvard depende en gran medida de su endowment, casi dos tercios de sus ingresos provienen de otras fuentes, como subsidios federales para investigación. Esto la hace vulnerable, pese a su riqueza. “Si Harvard no puede resistir, ¿quién podrá?”, cuestionó Larry Summers, ex presidente de la universidad.
Ante la presión, Harvard implementó una congelación temporal de contrataciones para “preservar flexibilidad financiera” y además, contrató a abogados republicanos de alto perfil, incluido Robert Hur, ex fiscal especial que investigó a Biden.
En una carta al gobierno, argumentaron que las exigencias exceden la autoridad legal federal: “Ninguna administración puede dictar cómo opera una universidad privada”, escribieron.
El endowment, aunque monumental, tiene limitaciones: el 70% de sus fondos están destinados por donantes a usos específicos, lo que reduce su capacidad para reasignar recursos ante recortes, pero aun así, su tamaño le da un colchón que otras instituciones envidian.
Voces en conflicto
Alan Garber, presidente de Harvard, defendió la autonomía académica: “Ningún gobierno debe dictar qué enseñamos o a quién admitimos”.
Barack Obama, exalumno, elogió la postura en redes: “Harvard marca un ejemplo al rechazar intentos de sofocar la libertad intelectual”.
Del otro lado, la republicana Elise Stefanik tachó a la universidad de “epítome de la decadencia moral”, exigiendo cortar todo financiamiento público. El Grupo de Trabajo contra el Antisemitismo criticó su “mentalidad de privilegio”, alegando que el dinero federal conlleva responsabilidades civiles.
La administración Trump no ha detallado próximos pasos, pero el conflicto podría escalar. Históricamente, choques entre gobierno y academia han terminado en tribunales, como cuando en los años 50 el macartismo presionó a universidades a expulsar profesores “comunistas”.
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Mientras, otras instituciones observan: ¿Cederán como Columbia o seguirán el ejemplo de Harvard? Para defensores de la autonomía universitaria, esta batalla define si la educación superior puede resistir a agendas políticas.
Para críticos, es un debate sobre quién paga las reglas: ¿Los contribuyentes o los donantes privados?
