Una nueva política del HHS podría limitar el acceso a programas como el Head Start para niños de familias inmigrantes. Foto: Cortesía / Freepik
Una reciente y significativa modificación de política anunciada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) para “restaurar la integridad” de los programas federales, podría tener un impacto negativo directo en niños de familias inmigrantes, al restringir su acceso a beneficios públicos cruciales.
La medida, que rescinde una interpretación de 1998 de la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidades de Trabajo de 1996 (PRWORA), busca asegurar que los fondos de los contribuyentes no “subsidien a inmigrantes indocumentados”.
La principal preocupación surge con la inclusión de programas como Head Start en la lista ampliada de “beneficios públicos federales” bajo la PRWORA, lo que implicaría que, de ahora en adelante, la inscripción en este programa preescolar fundamental estaría reservada exclusivamente para ciudadanos estadounidenses. Esta decisión podría dejar fuera a miles de niños que, aunque no sean ciudadanos, forman parte de hogares en los que sus padres son inmigrantes, independientemente de su estatus migratorio.
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El Secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., afirmó que la acción “restaura la integridad a los programas sociales federales, aplica el estado de derecho y protege recursos vitales para el pueblo estadounidense”. Sin embargo, críticos de la medida argumentan que, si bien la intención es “proteger” los recursos, el efecto colateral podría ser el perjuicio a niños que ya residen en el país y necesitan estos servicios para su desarrollo.
Andrew Gradison, Secretario Asistente Interino de la Administración para Niños y Familias (ACF), mencionó que “la clasificación de Head Start bajo la nueva interpretación de la PRWORA prioriza a las familias estadounidenses al garantizar que los beneficios financiados por los contribuyentes se reserven para las personas elegibles”.
No obstante, esta “priorización” podría significar una barrera para el acceso a educación temprana y servicios de apoyo que son vitales para el éxito futuro de todos los niños, incluyendo aquellos cuyas familias no cumplen con los nuevos criterios de elegibilidad.
La lista revisada de programas clasificados como “beneficios públicos federales” bajo PRWORA ahora incluye:
- Clínicas de Salud Conductual Comunitaria Certificadas
- Subvención en Bloque para Servicios de Salud Mental Comunitaria
- Subvención en Bloque para Servicios Comunitarios (CSBG)
- Head Start
- Programa de Centros de Salud
- Programas de Fuerza Laboral en Salud no cubiertos previamente (incluyendo subvenciones, préstamos, becas, pagos y reembolsos de préstamos).
- Programas de Servicios de Prevención, Tratamiento y Recuperación de Trastornos por Uso de Sustancias y Salud Mental administrados por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias.
- Programa de Subvenciones para Proyectos de Asistencia en la Transición de la Falta de Vivienda.
- Subvención en Bloque para Servicios de Prevención, Tratamiento y Recuperación del Uso de Sustancias.
- Programa de Vales Educativos y de Capacitación del Título IV-E.
- Programa de Asistencia para la Tutela de Parentesco del Título IV-E.
- Programa de Servicios de Prevención del Título IV-E.
- Programa de Planificación Familiar del Título X.
La aplicación de esta política a estos programas podría significar que niños en hogares donde al menos uno de los padres es un inmigrante indocumentado, o incluso aquellos con padres en proceso de regularización, se verán privados de servicios esenciales que impactan directamente su salud, educación y bienestar. Esto podría generar una mayor carga para las familias, así como para las comunidades que ya enfrentan desafíos al tratar de apoyar a sus miembros más vulnerables.
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La nueva política, que entra en vigor inmediatamente con su publicación en el Registro Federal y un período de comentarios de 30 días, se alinea con Órdenes Ejecutivas recientes del Presidente Trump, como la EO 14218 de febrero de 2025, “Poner Fin a la Subvención de Fronteras Abiertas por Parte de los Contribuyentes”. Si bien el HHS asegura que no altera los niveles de financiación, la medida plantea serias preguntas sobre el impacto a largo plazo en el desarrollo de los niños y el tejido social de las comunidades.
Organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes y defensores de los niños ya han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta política, instando a una revisión de su impacto humanitario y social.
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