Las últimas medidas del actual gobierno van contra la ciudadanía por nacimiento, la naturalización y programas humanitarios. Foto: Cortesía / Immigration And Customs Enforcement
La administración Trump ha desplegado una estrategia integral para transformar el sistema migratorio estadounidense, atacando pilares históricos como la ciudadanía por nacimiento, la naturalización y programas humanitarios. Esta ofensiva, ejecutada mediante órdenes ejecutivas, memorandos y decisiones judiciales, genera incertidumbre jurídica y vulnera derechos establecidos por décadas.
El 20 de enero de 2025, Trump firmó un decreto que niega la ciudadanía por nacimiento a hijos de indocumentados o residentes temporales, contradiciendo la Enmienda 14. La Corte Suprema, en una decisión 6-3, limitó las medidas cautelares nacionales, permitiendo su implementación parcial al restringir protecciones judiciales a demandantes específicos. La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, declaró: “Nuestra lucha continúa. No podemos permitir que estas acciones ilegales, que aumentan costos y socavan libertades básicas, prevalezcan”.
La abogada de inmigración Ayensa Millán advirtió que esta decisión “aumentará el perfil racial” y creará un sistema desigual donde “la ciudadanía dependerá del código postal”.
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El NALEO Educational Fund agregó: “Esto arriesga dejar a niños efectivamente apátridas y socava los principios de inclusión e igualdad”.
Revocación masiva de naturalizaciones
Un memorando del Departamento de Justicia del 11 de junio prioriza “al máximo los procedimientos de desnaturalización”, ampliando los criterios para incluir delitos civiles como fraude a Medicaid o programas pandémicos.
Casos como el de Elliott Duke, veterano militar despojado de su ciudadanía y convertido en apátrida, ilustran el alcance de esta política. Organizaciones denuncian que se busca crear una “segunda clase de ciudadanos” donde los naturalizados ven sus derechos en permanente riesgo.
En otro frente, la organización Protect Our Pueblos alertó sobre la reapertura de 400,000 casos de inmigración cerrados desde 2010, afectando incluso a beneficiarios de DACA, VAWA o visas U, en donde los afectados reciben notificaciones con solo 10 días para responder, aumentando el riesgo de deportaciones exprés.
Paralelamente, un nuevo sistema de registro obliga a inmigrantes indocumentados a proporcionar datos biométricos e historiales penales bajo amenaza de deportación, reviviendo prácticas de la Segunda Guerra Mundial.
Trump canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 300,000 venezolanos, suspendió el reasentamiento de refugiados por cuatro meses, exceptuando solo a sudafricanos y eliminó la aplicación CBP One, herramienta clave para solicitar asilo bajo Biden.
La estrategia ha desatado crisis administrativas: California enfrenta la posible exclusión de 24,500 niños anuales del derecho a ciudadanía, mientras gobiernos estatales y locales lidian con la falta de estándares federales para emitir actas de nacimiento.
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