La apertura de una nueva cárcel de ICE en Marana desató el fuerte rechazo de activistas y autoridades por el oscuro historial de la empresa operadora. Foto: Facebook Pima Resists ICE – PRICE
La empresa privada Management & Training Corporation (MTC) firmó el 29 de septiembre un contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para convertir una antigua prisión estatal en Marana en un centro de detención migratoria, con capacidad anunciada de hasta 775 personas y apertura prevista en poco menos de 60 días.
El acuerdo ha provocado nuevas críticas de la congresista demócrata Adelita Grijalva y de organizaciones comunitarias que cuestionan la supervisión y los antecedentes del operador, según reportes a la prensa.
Rechazo de Grijalva y activistas
Grijalva respondió que el gobierno federal está acelerando la apertura de instalaciones privadas pese a las preocupaciones sobre las condiciones de las personas bajo custodia migratoria.
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“DHS se está apresurando una vez más a abrir otra instalación privada de detención por encima de las objeciones de los residentes locales”, declaró la congresista.
“Aquí en Arizona, esa historia incluye denuncias de abuso sexual que no fueron reportadas adecuadamente, financiamiento crónico insuficiente y fallas de seguridad importantes”, agregó.
La oposición comunitaria se manifestó el martes 6 de octubre frente al Complejo Municipal Ed Honea, durante la reunión del Concejo de Marana.
El grupo Pima Resists ICE (PRICE) pidió a los líderes locales usar licencias comerciales, permisos, zonificación y leyes de molestias para bloquear la instalación o responsabilizar a su operador.
“Las autoridades del pueblo siguen diciéndonos que Marana no es parte de ese contrato y que supuestamente por eso no pueden hacer nada. Pero eso es exactamente por lo que no es demasiado tarde”, declaró Daniela Ugaz, abogada y miembro de PRICE.
Bennett Burke, cofundador de PRICE, expresó la frustración del grupo. “Estamos muy decepcionados, indignados. No es bueno para el pueblo de Marana. Hay muchas preguntas sin respuesta”, afirmó.
La organización también cuestionó la discrepancia sobre la capacidad: mientras MTC afirma que planea operar inicialmente con unas 500 personas y un máximo de 775, un aviso federal mencionó la posibilidad de alcanzar aproximadamente 1,300 espacios mediante camas temporales.
Historial bajo escrutinio
El historial de MTC en Marana está bajo escrutinio tras reportajes de LOOKOUT y The Intercept sobre denuncias de abuso sexual que presuntamente no fueron incluidas en una auditoría de cumplimiento de la ley federal contra la violación en prisiones (PREA) de 2023.
Alex Randall, ex empleado de contabilidad de la prisión, declaró en la reunión que la administración anterior omitió tres denuncias de agresión o conducta sexual inapropiada.
La empresa respondió que las alegaciones fueron investigadas por el Departamento de Correcciones de Arizona y determinadas “no sustanciadas”, según su comunicado.
La ciudad de Marana sostiene que no tiene autoridad para impedir el proyecto.
“La propiedad ha operado como instalación correccional durante décadas y está debidamente zonificada según las regulaciones de uso de suelo existentes”, declaró el alcalde Jon Post en el sitio web del municipio.
“No somos parte del acuerdo. Reconozco que hay opiniones fuertes en nuestra comunidad y hemos escuchado a residentes tanto a favor como en contra”, agregó.
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La instalación, que como prisión estatal tenía 513 camas, fue vendida a MTC en 2025 por aproximadamente 15 millones de dólares y el contrato federal, valorado en aproximadamente 25.8 millones de dólares, contempla servicios de alojamiento, transporte y atención médica por cinco años, según registros federales.
La apertura prevista dentro de 60 días pondrá a prueba los mecanismos de supervisión y las condiciones bajo las cuales operará el nuevo centro.
