El portal para denuncias se encuentra dentro de la página oficial del Ayuntamiento. CORTESIA: Phoenix.gov
El Ayuntamiento de Phoenix inauguró el Portal Federal de Denuncias de Actuaciones Policiales, una plataforma disponible en español e inglés que permite a cualquier residente documentar y reportar posibles violaciones de derechos civiles cometidas por agentes federales dentro de los límites de la ciudad.
El lanzamiento, que se produce en un contexto de creciente desconfianza ciudadana hacia las fuerzas federales, es la última medida adoptada por la capital de Arizona en el marco de la Iniciativa de Transparencia Comunitaria, un plan más amplio que busca contrarrestar el impacto de las políticas migratorias impulsadas por el presidente Donald Trump.
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Según confirmó la directora de la Oficina de Responsabilidad y Transparencia de Phoenix, Shannon Johanni, la herramienta accesible en phoenix.gov, permite a los ciudadanos reportar de forma anónima y adjuntar fotografías o videos sobre incidentes en los que sospechen que un agente federal ha hecho un uso excesivo de la fuerza, ha practicado arrestos o detenciones ilegales, o ha intimidado a la población.
“No podemos limitar esto solo al ICE, porque los residentes a menudo no distinguen qué agencia está operando; sería restringir su capacidad de alertarnos sobre sus preocupaciones”, señaló Johanni, quien subrayó que la ciudad preservará todas las denuncias y las compartirá con la Fiscalía General de Arizona.
Tras su presentación, cada queja será revisada por el Departamento de Policía de Phoenix para determinar si existen indicios de delito estatal y si la investigación revela posibles violaciones, el caso se remitirá a la agencia correspondiente para la presentación de cargos penales o se transferirá a la fiscalía estatal.
En todo caso, los informes se archivarán para posibles acciones civiles futuras, una garantía que las autoridades locales consideran esencial ante la negativa del gobierno federal a colaborar en investigaciones estatales.
En Phoenix, el debate se intensificó con la reciente prohibición de que los agentes federales utilicen propiedades municipales para montar operativos sin un permiso expreso, una norma que la fiscal general Kris Mayes defendió legalmente en abril.
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La ciudad se suma así a una ola de medidas locales que desafían la opacidad de las operaciones migratorias, en un momento en que la administración Trump ha redoblado su ofensiva para deportar a un millón de personas al año.
La tensión entre las autoridades locales y federales ha alcanzado un punto crítico en Arizona y por ello, la gobernadora Katie Hobbs lanzó en febrero su propio portal “Conozca sus Derechos”.
