A pesar de ser ciudadanos estadounidenses, niños menores de edad son deportados. Han incrementado operativos contra familias. Foto: Cortesía / ICE.gov
Una familia en Oklahoma City vive con el trauma de haber sido allanada por error, luego que el 24 de abril, unos 20 agentes federales irrumpieron en su hogar, confiscaron sus ahorros en efectivo, teléfonos y computadoras, y los trataron como “criminales”, según relató la madre, identificada como “Marisa”, a la televisora KFOR. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) defendió la redadacomo parte de una investigación contra el contrabando humano, admitió que los objetivos eran residentes anteriores.
“Marisa” y sus tres hijas, recién llegadas de Maryland, fueron sacadas a la calle en ropa interior mientras llovía y aún desconocen cómo recuperar sus pertenencias.
Este caso refleja un patrón: operativos migratorios cada vez más agresivos bajo la administración Trump, con consecuencias imprevistas para ciudadanos y comunidades; previamente ya se habían reportado 2 casos de detenciones de ciudadanos en Arizona y en Florida, aunque finalmente fueron liberados.
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Ante este incremento de operativos y deportaciones, se agrega una alarma más: El Departamento de Justicia aprobó a agentes de ICE ingresar a domicilios y otros lugares sin una orden judicial, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros.
De acuerdo con el memorándum enviado a las agencias migratorias, el Departamento de Justicia da la facultad a ICE de realizar registros domiciliarios sin orden judicial siempre y cuando sospechen que se trata de un “enemigo extranjero”.
Esto último fue definido como cualquier persona mayor de 14 años que no sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal.
Desde Florida hasta Tennessee, las redadas se multiplican. En los primeros días de la Operación Tidal Wave, casi 800 personas fueron arrestadas en Florida; en Colorado Springs, 114 inmigrantes indocumentados fueron detenidos en un club nocturno, según la DEA, que alegó vínculos con pandillas. Testigos describieron escenas de caos: fiestas interrumpidas, personas esposadas con ropa de entretenimiento.
El impacto más crudo se ve en las separaciones familiares. En abril, tres madres hondureñas fueron deportadas con sus hijos ciudadanos estadounidenses de 2, 4 y 7 años, tras acudir a citas rutinarias con ICE; la menor de 4 años padece cáncer. Abogados denunciaron que no hubo oportunidad de dejar a los niños con familiares en Estados Unidos. “ICE no les dio alternativa”, declaró Gracie Willis del Proyecto Nacional de Inmigración.
Un juez federal en Luisiana cuestionó la deportación de la niña de 2 años, señalando que el gobierno ignoró los reclamos de custodia de su padre.
En otro caso, Heidy Sánchez, madre cubana de una bebé de 1 año con convulsiones, fue deportada a Cuba mientras aún amamantaba y s abogada, Claudia Cañizares, acusó a ICE de negarse a recibir documentos para defenderla: “Siguen órdenes de deportar a cuotas”, dijo.
Culpan a los padres
El zar fronterizo de la administración Trump, Tom Homan afirma que no importa si los hijos de inmigrantes indocumentados son ciudadanos estadounidenses: deberían ser deportados de todos modos.
“Tener un hijo ciudadano estadounidense no te hace inmune a las leyes de nuestro país”, declaró Homan a Face the Nation el domingo. “Las familias estadounidenses son separadas a diario por las fuerzas del orden”.
Los comentarios de Homan se produjeron después de que un juez federal designado por Trump exigiera al gobierno que explicara por qué deportó a Honduras a una niña de 2 años, ciudadana estadounidense, junto con su madre, sin un proceso aparentemente transparente.
Esta escalada enfrenta resistencia judicial y en Wisconsin, la jueza Hannah Dugan fue suspendida supuestamente por ayudar a un mexicano a evadir a ICE en su corte. El FBI la arrestó por “obstrucción”, un caso que el gobernador Tony Evers calificó de “ataque a la independencia judicial”, mientras que el zar fronterizo Tom Homan culpó a la juez por entorpecer un procedimiento judicial, asegurando que “cruzó la línea”.
Mientras, jueces federales han ordenado revisar deportaciones aceleradas, como la de Kilmar Abrego García, enviado a una prisión en El Salvador sin pruebas concluyentes de vínculos pandilleriles.
Militarización y resistencia judicial
La estrategia incluye una creciente militarización. La orden ejecutiva de Trump autoriza transferir equipos militares a jurisdicciones locales y usar bases como Guantánamo para detenciones. Las Fuerzas de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), creadas en 2025, coordinan operativos con 6,000 efectivos en la frontera.
Las ciudades santuario son otro blanco
La administración amenaza con retener fondos federales a jurisdicciones que limitan la cooperación con ICE, como Chicago y Denver. Aunque cortes han bloqueado intentos similares anteriores, el fiscal general persigue demandas contra estas políticas, tildándolas de “insurrección ilegal”.
El miedo se extiende y en California, familias evitan escuelas y trabajadores agrícolas faltan a labores por temor a redadas y la organización Immigration Hub alerta que 5.1 millones de niños ciudadanos podrían enfrentar separación.
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Para comunidades como la navajo, el riesgo es cotidiano: en enero, tras reportes de detenciones erróneas, líderes tribales urgieron a portar identificaciones, aunque los miembros de la nación son ciudadanos por nacimiento.
