Carmen Morales y su hijo fueron asesinados por hombres armados. Ellos fueron responsables del hallazgo del rancho Izaguirre, donde grupos criminales entrenaban y asesinaban personas. Foto: Cortesía / Pie de Página
Dos integrantes del colectivo Guerreros Buscadores, Carmen Morales y su hijo Jaime Ramírez, fueron asesinados el miércoles 24 de abril de 2025 por hombres armados en motocicleta en Jalisco, estado que alberga al cártel más violento de México: el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las víctimas buscaban a un familiar desaparecido desde febrero de 2024 cuando recibieron al menos cinco impactos de bala, según confirmó la Fiscalía estatal. El crimen ocurrió semanas después del hallazgo del “rancho del horror” en Teuchitlán, un sitio vinculado al CJNG donde se encontraron restos óseos, ropa y evidencias de un centro de exterminio.
El colectivo al que pertenecían Morales y Ramírez fue clave en el descubrimiento de ese lugar en marzo, tras meses de insistencia ante autoridades que inicialmente ignoraron las denuncias. En el rancho Izaguirre, ubicado a pocos kilómetros de Guadalajara, se hallaron cientos de prendas apiladas y restos humanos, lo que expuso la magnitud de la maquinaria de desaparición del CJNG. Pese a las amenazas previas contra Morales, la Fiscalía de Jalisco descartó en un comunicado que el crimen estuviera relacionado con su labor en el grupo.
Este doble homicidio se sumó al de Teresa González, otra buscadora asesinada a principios de abril en Jalisco. Según Raúl Servín, portavoz de Guerreros Buscadores, las familias enfrentan intimidaciones constantes de grupos criminales: “Es triste y doloroso que sigan pasando estas cosas. Solo queremos encontrar a nuestros seres queridos”. Los colectivos, formados principalmente por mujeres, han sustituido al Estado en la búsqueda de desaparecidos, arriesgando sus vidas en un país donde más de 125,000 personas no han sido localizadas.
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Jalisco, epicentro de la crisis, registraba 15,042 desaparecidos hasta marzo de 2025, según el Registro Nacional. El CJNG, descrito por académicos como “el cártel más atroz en la historia de México”, utiliza métodos como el reclutamiento forzado de jóvenes mediante ofertas laborales falsas y mantiene centros de entrenamiento donde tortura y ejecuta a sus víctimas. Tan solo en la zona metropolitana de Guadalajara, se han identificado 28 sitios de exterminio en el último año.
La antropóloga Rossana Reguillo describe al CJNG como una “necromáquina” que devora cuerpos y territorios. Los jóvenes entre 15 y 34 años son el principal objetivo: representan el 60% de las víctimas, utilizados como “combustible” para las guerras territoriales. En municipios como Tlajomulco, bajo el dominio del cártel, se han localizado hornos y fosas clandestinas con miles de restos.
Mientras, el gobierno federal enfrenta críticas por la falta de acción. En los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta, desaparecieron 4,010 personas —un promedio de 40 diarias—, cifra que supera en 60% el registro del sexenio anterior. Aunque la mandataria prometió fortalecer instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, colectivos como Madres en Lucha denuncian abandono: “Nos han dejado solos”, afirmó Reynalda Pulido, cuya organización documenta casos no denunciados por miedo.
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El asesinato de Morales y Ramírez refleja la impunidad que rodea a los desaparecidos y a quienes los buscan. México enfrenta no solo una crisis humanitaria, sino un “proyecto desaparecedor”, como lo llama la socióloga Carolina Robledo, donde el Estado falla en detener el borrado sistemático de vidas. Mientras las fosas clandestinas se multiplican, las familias exigen justicia en un país donde, como escribió la poeta Sara Uribe, “el cuerpo perdido es una probabilidad sin nombre”.
