El juez federal G. Murray Snow rechazó la petición del Condado de Maricopa y de la Oficina del Sheriff (MCSO, por sus siglas en ingés) para poner fin a la supervisión federal que pesa sobre la agencia desde 2013 por el caso de perfilamiento racial Melendres v. Arpaio.
En una decisión de 72 páginas, el juez determinó que la oficina no ha demostrado un remedio duradero que garantice que las violaciones a los derechos constitucionales de conductores latinos no volverán a ocurrir, según reportes a la prensa.
La decisión, dada a conocer este jueves 10 de septiembre, mantiene vigente el régimen de supervisión que comenzó hace 13 años, cuando el juez Snow concluyó que la oficina, entonces dirigida por Joe Arpaio, había incurrido en un patrón de perfilamiento racial contra conductores hispanos.
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Sin embargo, el juez negó la moción sin prejuicio, lo que permite a las partes volver a presentar argumentos en el futuro, de acuerdo con el expediente federal.
Snow identificó 27 disposiciones de las órdenes judiciales que consideró “apropiadas para su terminación” y otras 57 que podrían pasar a un estado “inactivo”, por lo que ordenó a las partes reunirse para negociar posibles modificaciones; el juez reconoció que cuando emitió su primera orden no podía anticipar “la amplitud de las medidas remediales que resultarían necesarias ni la duración de estos procedimientos”, según su escrito.
Christine Wee, abogada principal de la ACLU de Arizona, que representa a los demandantes, declaró que “los demandantes están inmensamente aliviados de que se haya negado la prematura moción de los demandados para poner fin a las reformas”.
Wee agregó que “cualquier otra decisión habría tenido un impacto devastador en los residentes latinos del Condado de Maricopa”, de acuerdo con declaraciones a la prensa.
Jenn Rolnick Borchetta, subdirectora del Proyecto de Reforma de la Ley Penal de la ACLU, sostuvo que “después de años de estar sobre aviso de los problemas, MCSO debería dejar de buscar formas de salir prematuramente de este caso y en su lugar comprometerse plenamente a resolver finalmente los problemas que han permitido que persistan”, según reportes de prensa.
El juez Snow citó datos del propio condado que muestran disparidades persistentes: los automovilistas hispanos tienen aproximadamente un 40 por ciento más de probabilidades de ser arrestados que los blancos, son detenidos un 30 por ciento más de tiempo y tienen 2.5 veces más probabilidades de ser registrados.
Aunque los abogados del condado argumentaron que estas cifras no representan directamente discriminación, el juez señaló que la carga de explicar las detenciones recae en el condado.
La presidenta de la Junta de Supervisores, Kate Brophy McGee, y el vicepresidente, Thomas Galvin, expresaron su decepción con la decisión pero no sorpresa; en un comunicado conjunto señalaron que “a pesar de tres nuevos sheriffs de ambos partidos políticos y cambios en cada política disputada, el tribunal ha mantenido un monitor federal no electo y sin rendición de cuentas sobre MCSO”, y afirmaron que la supervisión “tiene un costo para la seguridad pública, ya que el condado debe pagar al monitor y a su personal renunciando a otros servicios críticos”, según declaraciones a la prensa.
Los funcionarios también expresaron su optimismo de que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito falle a su favor; la oficina del sheriff Jerry Sheridan no respondió a las solicitudes de comentario, de acuerdo con reportes a la prensa.
El costo de las reformas ha sido un punto central del debate; el condado ha aprobado aproximadamente 353 millones de dólares en gastos relacionados con el acuerdo desde 2013, aunque una auditoría independiente ordenada por el tribunal examinó 226 millones que MCSO atribuyó al cumplimiento de las órdenes y determinó que cerca del 72 por ciento, unos 163 millones, fueron atribuidos incorrectamente o utilizados de manera indebida, según la auditoría y reportes a la prensa.
Entre los gastos cuestionados por los auditores figuraron más de 7,600 dólares en suscripciones de televisión por cable, un carrito de golf de aproximadamente 11,800 dólares, 1.5 millones en remodelación de oficinas en un rascacielos de Phoenix, 1.3 millones en vehículos y 1.7 millones en pistolas Taser; los auditores concluyeron que solo unos 63 millones fueron cargados adecuadamente al acuerdo, de acuerdo con el informe de auditoría.
El sheriff Sheridan, quien asumió el cargo en enero de 2025 después de una larga trayectoria en MCSO que incluye haber sido jefe adjunto durante la administración de Arpaio, ha cuestionado la metodología y experiencia de los auditores y ha defendido los gastos asociados con la estructura necesaria para cumplir las órdenes judiciales, según declaraciones a reportes a la prensa; su oficina ha sostenido que ha alcanzado el 100 por ciento de cumplimiento en las políticas requeridas para eliminar las prácticas de Arpaio.
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Los reportes de seguimiento del caso indican que MCSO ha superado el 90 por ciento de cumplimiento en dos de las principales órdenes judiciales, pero aún tiene pendientes relacionadas con las disparidades raciales en las paradas de tránsito y el rezago en las investigaciones internas de denuncias contra agentes.
El juez Snow ha señalado que la oficina debe mantener el cumplimiento durante tres años consecutivos para establecer un historial de esfuerzos sostenidos de buena fe, de acuerdo con reportes a la prensa.
La decisión deja abiertos tres caminos: continuar con la supervisión existente mientras MCSO trabaja en las áreas pendientes; negociar la eliminación de las 27 disposiciones que el juez considera candidatas a terminar y posiblemente colocar otras 57 en estado inactivo o que el condado y MCSO vuelvan a presentar argumentos después de demostrar mayor cumplimiento, según el expediente judicial y reportes de prensa.
