Wilbur N. Hudson III fue designado como nuevo juez presidente del Tribunal Municipal de Phoenix. CORTESIA: City of Phoenix
La alcaldesa de Phoenix, Kate Gallego y el Concejo Municipal nombraron al juez Wilbur N. Hudson III como nuevo juez presidente del Tribunal Municipal de Phoenix, en sustitución del juez Don Taylor, quien fue ascendido al Tribunal Superior del Condado de Maricopa a principios de año.
Hudson, que asumirá el cargo el próximo 3 de junio, fue seleccionado tras un competitivo proceso de selección que buscaba a un líder capaz de guiar a uno de los tribunales municipales con mayor volumen de casos del país.
“Me complace dar la bienvenida al juez Hudson como nuestro próximo juez presidente”, declaró la alcaldesa Gallego
“un servidor público de larga trayectoria, el juez Hudson aporta experiencia en múltiples ramas del gobierno y en programas judiciales especializados, incluyendo el liderazgo de nuestro Tribunal de Veteranos”, agregó Gallego.
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La primera edil subrayó precisamente esa faceta del nuevo presidente, quien durante más de seis años ha estado al frente de un tribunal diseñado para atender a excombatientes que enfrentan problemas de adicción, falta de vivienda o trastornos de salud mental.
La labor de Hudson al frente del Tribunal de Veteranos ha sido, de hecho, uno de los pilares de su candidatura: bajo su dirección, el programa ha atendido a más de tres mil veteranos, de los cuales aproximadamente mil quinientos se han graduado con éxito.
Para lograrlo, el juez ha tejido una red de colaboración con la Administración de Veteranos, la Fiscalía Municipal, la Defensoría Pública y organizaciones comunitarias como La Frontera Empact y la Misión de Rescate de Phoenix, con el objetivo de ofrecer alternativas terapéuticas y de reinserción a quienes, de otro modo, habrían engrosado las listas de encarcelamiento.
Hudson, que acumula más de tres décadas de experiencia jurídica, los últimos doce años como juez, ha presidido juicios penales con jurado, comparecencias civiles y penales, audiencias de órdenes de protección y tribunales especializados en materia financiera y de transporte.
Antes de acceder a la judicatura, trabajó en la práctica privada durante casi veinte años y prestó servicio tanto en la Fiscalía General de Arizona como en la Fiscalía del Condado de Maricopa, un recorrido que, según su propia definición, abarca “prácticamente todos los roles del sistema de justicia, desde alguacil hasta fiscal, abogado defensor y juez”.
En su solicitud, Hudson se comprometió a garantizar que el tribunal “siga siendo y continúe mejorando como uno de los más accesibles, justos e innovadores de Arizona”, y prometió tratar a todos los que comparezcan ante él “con igualdad, justicia y respeto”.
“Me siento honrado por la confianza depositada en mí por la alcaldesa y el Concejo Municipal; nuestro tribunal desempeña un papel vital en la comunidad y espero trabajar con nuestros talentosos jueces y personal para garantizar una justicia justa e imparcial”, declaró el magistrado.
La vicealcaldesa Kesha Hodge Washington enmarcó el nombramiento en el esfuerzo municipal por atender a las personas sin hogar, con problemas de salud mental y víctimas de violencia doméstica, mientras que el concejal Kevin Robinson, presidente del Subcomité de Seguridad Pública y Justicia, destacó que Hudson “aporta justicia y liderazgo al máximo cargo judicial de Phoenix”.
La concejal Ann O’Brien, por su parte, subrayó que el nuevo presidente “entiende el sistema de justicia desde múltiples perspectivas y se ha ganado la reputación de tratar a las personas con dignidad y respeto”.
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Hudson asumirá la presidencia de un tribunal que, por volumen de casos, es uno de los más transitados del país y que en los últimos años ha reforzado su apuesta por los tribunales especializados como herramienta para reducir la reincidencia.
El nuevo juez presidente, que también ha moderado sesiones en la Conferencia Estatal de Tribunales de Tratamiento para Veteranos de Arizona, tiene ante sí el reto de consolidar ese modelo en un momento en que la saturación judicial y la falta de recursos amenazan la capacidad del sistema para ofrecer una justicia ágil y equitativa.
