El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había anticipado la medida al afirmar que “debería haber normas más estrictas” a los bancos. Foto: Cortesía / Facebook Wells Fargo
El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que instruye a los bancos a examinar más de cerca la ciudadanía de sus clientes, en una nueva escalada de su ofensiva contra la inmigración irregular.
La directriz, menos agresiva de lo que la banca temía, pues no impone la recolección obligatoria de datos, ordena a los reguladores que detecten indicios de que personas sin estatus legal estén abriendo cuentas, solicitando préstamos o tarjetas de crédito.
El argumento económico que esgrime la Casa Blanca es que “no se permitirán riesgos para nuestro sistema financiero derivados de la extensión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y deportable”.
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El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había anticipado la medida al afirmar que “debería haber normas más estrictas” para abrir cuentas y al cuestionar cómo las entidades pueden “conocer a tu cliente si no sabes si tiene estatus legal o ilegal”.
La banca, que lleva meses presionando contra una versión más dura de la orden, logró finalmente que la directriz se limitara a ofrecer orientación en lugar de imponer un mandato.
Para la numerosa comunidad inmigrante de Arizona, que incluye a miles de trabajadores que tributan con números de identificación fiscal individual, la orden genera una nueva capa de incertidumbre.
Los defensores de los inmigrantes advierten que muchos indocumentados, por temor, podrían abandonar el sistema financiero formal y engrosar la población “no bancarizada”.
Un estudio de la organización progresista Urban Institute estima que solo entre 5,000 y 6,000 hipotecas han sido concedidas a clientes con este tipo de identificaciones, una cifra que refleja la escasa exposición del sistema a este segmento.
La presión sobre el sistema financiero se suma a otras medidas recientes: el Tesoro ya reclasificó el pasado noviembre ciertos créditos fiscales reembolsables como “beneficios públicos federales”, lo que veta el acceso a ellos a los beneficiarios de DACA y a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal, incluso si declaran y pagan impuestos.
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La nueva orden añade un nuevo frente de tensión para una comunidad que ya enfrentaba crecientes dificultades administrativas y que, pese a contribuir con miles de millones de dólares anuales a las arcas públicas, ve cómo se multiplican las barreras que los empujan hacia los márgenes de la economía.
