Cientos de voluntarios se dieron a la tarea de reunir alrededor de medio millón de firmas para que la Proposición 139 llegara la boleta y fuera votada abrumadoramente por la mayoría de los electores, asegurando el derecho de las arizonenses a los servicios de salud reproductiva. CORTESIA: Arizona for Abortion Access
Grupos nacionales antiaborto presionan a la administración de Trump
Con el tercer aniversario desde la revocación de Roe v. Wade a la vista, el debate sobre el acceso al aborto y la salud reproductiva sigue dominando la agenda legislativa en Estados Unidos, aunque en Arizona se votó abrumadoramente a favor del derecho al aborto en las pasadas elecciones por medio de la Proposición 139.
Los estados, profundamente divididos, continúan introduciendo leyes que, dependiendo de su inclinación política, buscan proteger o restringir estos derechos. En el horizonte también destaca el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que podría redefinir las políticas nacionales relacionadas con el aborto.
En estados con protecciones amplias, como California, se han introducido proyectos de ley para blindar a los pacientes y profesionales de salud. Destacan:
AB 40: Incluye servicios de emergencia reproductiva en la definición de “servicios de emergencia y cuidado”.
AB 45: Prohíbe a los proveedores compartir información médica relacionada con abortos con otros estados.
AB 54: Protege a fabricantes, distribuidores y profesionales de salud involucrados con medicamentos abortivos de responsabilidades legales y profesionales.
Estas medidas buscan fortalecer el acceso a medicamentos abortivos como mifepristona y misoprostol, que están bajo escrutinio en estados con leyes restrictivas como Texas.
En contraste, estados como Texas y Oklahoma han intensificado los esfuerzos para limitar el acceso al aborto. En Texas, el proyecto de ley HB 1339 pretende clasificar los medicamentos abortivos como sustancias controladas, pese a la aprobación de la FDA que certifica su seguridad. Mientras tanto, Oklahoma ha propuesto leyes para establecer la personalidad jurídica del feto desde la concepción, endureciendo aún más las penalizaciones contra proveedores de aborto.
Políticas federales
A nivel federal, el panorama también está en cambio. Grupos nacionales antiaborto están presionando para que la administración de Trump revoque normativas que obligan a estabilizar pacientes embarazadas en emergencias, incluso si el tratamiento requiere un aborto. Asimismo, buscan restringir el uso de medicamentos abortivos vía telemedicina.
Robert F. Kennedy Jr., nominado para dirigir el Departamento de Salud y Servicios Humanos, se enfrenta a la presión de estos grupos, que esperan capitalizar su escepticismo hacia las farmacéuticas para limitar estos tratamientos.
Las iniciativas estatales relacionadas con el aborto en las boletas de 2024 revelaron una desconexión entre afiliaciones partidistas y posturas sobre derechos reproductivos. En estados como Arizona y Missouri, donde Trump ganó los votos del colegio electoral, los votantes respaldaron medidas para restaurar el acceso al aborto. En contraste, estados como Florida y Nebraska rechazaron propuestas proelección, aunque los resultados mostraron divisiones significativas.
Avances en salud materna
Paralelamente al debate sobre el aborto, algunos estados han centrado sus esfuerzos en mejorar los servicios de salud materna. Michigan avanzó una serie de leyes conocidas como “Momnibus”, destinadas a reducir disparidades raciales y mejorar los resultados en el cuidado prenatal. Texas, enfrentando un “desierto de atención materna”, está considerando propuestas para ampliar el acceso a servicios de salud en áreas rurales.
El 2025 promete ser un año crucial para los derechos reproductivos en Estados Unidos. Las leyes restrictivas continúan enfrentándose a demandas judiciales, mientras los estados progresistas consolidan protecciones legales para pacientes y proveedores. La llegada de Trump podría marcar un punto de inflexión, reavivando debates nacionales y estableciendo un nuevo panorama para la lucha por los derechos reproductivos.
La brecha entre estados y la polarización política sugieren que la batalla por los derechos reproductivos será un tema central en la legislatura y la opinión pública en los próximos años.
