La ex comentarista de FOX News, convertida por Donald Trump en fiscal federal Jeanine Pirro, no pudo sostener las acusaciones de vandalismo al Lincoln Memorial. CORTESIA: US Department of Justice / Facebook
El proyecto de renovación del Lincoln Memorial Reflecting Pool, ordenado por el presidente Donald Trump para embellecer Washington de cara al 250 aniversario de Estados Unidos, ha quedado envuelto en una polémica que involucra contratos sin licitación otorgados a empresas vinculadas a donantes y vecinos del mandatario, un costo que se disparó de 1.8 a 14.7 millones de dólares y una fallida acusación contra un exolímpico por presunto vandalismo.
El propio Departamento de Justicia terminó desestimando el caso al reconocer que los daños fueron causados por una “instalación defectuosa” y un trabajo “chapucero” del contratista.
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La investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha revelado que el Servicio de Parques Nacionales otorgó contratos no competitivos a dos empresas, Atlantic Industrial Coatings y Green Water Solutions, sin pasar por el proceso de licitación pública requerido, y que ambas tienen vínculos directos con el presidente.
El primer contrato sin licitación, por 13.1 millones de dólares, fue otorgado en abril a Atlantic Industrial Coatings, una empresa de Virginia que nunca antes había obtenido un contrato federal y que previamente había realizado trabajos en una piscina de un campo de golf de Trump.
El segundo, por 1.7 millones, fue para Green Water Solutions, una firma de Ohio controlada por el Fideicomiso de Inversión J.J. Cafaro, cuyo líder, John J. Cafaro, es un donante de Trump y vecino de Mar-a-Lago en Palm Beach.
Cafaro ha donado al menos 300,000 dólares a campañas de Trump, incluyendo 250,000 al comité Trump Victory en 2020, y ha estado involucrado en escándalos de soborno, habiendo sido condenado en 2002 por conspiración para sobornar a un congresista y nuevamente en 2010 por declaración falsa.
Un proyecto fallido
La renovación, que incluía pintar el fondo del estanque de “azul bandera americana” por orden de Trump, comenzó a fallar casi inmediatamente después de su finalización en junio.
El agua se tiñó de verde por proliferación de algas, la pintura comenzó a desprenderse en láminas y incluso se encontró un pato muerto flotando tras la aplicación de tratamientos químicos.
Ante el fracaso, Trump recurrió a una narrativa de sabotaje: en redes sociales y declaraciones públicas acusó a “vandalos” de haber causado “un tajo de 350 pies” con cuchillas y navajas en el revestimiento del estanque, afirmación que nunca respaldó con evidencia.
En julio, cinco personas fueron arrestadas por presunto vandalismo, incluyendo al exolímpico de canotaje David Hearn, de 67 años, quien enfrentaba un delito grave con posible pena de hasta diez años de prisión.
Sin embargo, el 31 de julio, la fiscal federal Jeanine Pirro, designada por Trump, presentó una moción para retirar los cargos contra Hearn, reconociendo que la información obtenida del Departamento del Interior “indicaba un proceso de instalación apresurado y defectuoso, con fallos repetidos del revestimiento durante la instalación”.
Los fiscales señalaron que el Departamento del Interior inicialmente proporcionó “información incompleta” y solo después de “docenas y docenas” de solicitudes comenzó a entregar documentos que demostraban que el daño fue causado por “una instalación chapucera de AIC, el contratista principal”.
Posteriormente, los cargos contra los otros tres acusados también fueron desestimados.
Fricciones internas
El colapso del caso ha expuesto tensiones dentro de la administración: Trump criticó públicamente a Pirro por “haberse doblado como una sombrilla” y acusó a su propia fiscal de “haber fallado”.
Pirro, por su parte, culpó al Departamento del Interior por no haber revelado a tiempo los documentos clave que demostraban la responsabilidad del contratista.
El secretario del Interior, Doug Burgum, ha rechazado las críticas y sostenido que su departamento cooperó adecuadamente, mientras el presidente continúa insistiendo en que hubo vandalismo, en contra de la conclusión de su propio Departamento de Justicia.
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Hearn, cuya defensa legal fue costeada mediante una campaña de financiación colectiva que recaudó más de 200,000 dólares, está considerando acciones legales contra el gobierno por daños y perjuicios.
Su abogado, Steven Levin, declaró que su cliente “tiene una serie de posibles recursos” después de haber sido procesado por daños que ahora se atribuyen a un trabajo defectuoso del contratista.
El proyecto del estanque reflectante, que debía ser el orgullo de las celebraciones del 250 aniversario, se ha convertido en un símbolo de la gestión de Trump: un costo descontrolado, contratos a dedo a amigos y donantes, y un intento fallido de culpar a otros por sus propios fracasos.
