Aunque se elimina la posibilidad de un proceso penal, el costo político para Mark Lamb parece ya inevitable. CORTESIA: Mark Lamb / Facebook
El fiscal del condado de Pinal, Brad Miller, anunció que su oficina ha concluido la revisión de las acusaciones contra el exalguacil Mark Lamb y determinó que la evidencia no establece ninguna violación de la ley penal de Arizona.
El cierre de la investigación, dado a conocer a solo dos días del inicio de la votación anticipada y a menos de un mes de las elecciones primarias del 21 de julio, retira el espectro de los cargos criminales, pero no disipa el daño político que las denuncias han causado en la campaña del candidato republicano al Congreso por el quinto distrito.
“Los funcionarios públicos tienen derecho al mismo debido proceso y al mismo escrutinio que cualquier otro ciudadano. Ni más, ni menos. Cuando se presentan acusaciones ante esta oficina, nuestra responsabilidad es determinar si ocurrió un delito, no si una narrativa es políticamente conveniente”, declaró Miller.
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El fiscal republicano añadió que “esta oficina no procesa rumores, política, campañas en redes sociales o titulares. Procesamos delitos”.
La resolución de la Fiscalía del Condado de Pinal
La revisión examinó materiales presentados originalmente ante la Junta de Supervisores del condado de Pinal en 2020, así como más de tres gigabytes adicionales de audio, video, documentos y materiales de redes sociales proporcionados por una persona que se presentó el 3 de junio.
El informe concluye que “no hay evidencia de que Lamb actuara de manera criminal”, y da por cerrado el asunto.
Miller también confirmó lo que su oficina había adelantado a principios de mes: el ex fiscal del condado, Kent Volkmer, nunca llevó a cabo la investigación que afirmó haber realizado, y no existen informes, resúmenes ni entrevistas de ningún tipo en los archivos de la fiscalía.
Los detalles de las acusaciones
Las acusaciones contra Lamb salieron a la luz a través de una investigación del diario The Arizona Republic, según la cual varias mujeres afirmaron que el exalguacil les envió fotos explícitas y mensajes sexualmente cargados desde su teléfono personal y desde las cuentas de redes sociales de su campaña.
Una de las mujeres sostuvo que Lamb, mientras ocupaba el cargo de alguacil, la amenazó con presentar cargos por pornografía de venganza y con contactar a la policía estatal para impedir que ella publicara información sobre su presunta relación.
La prensa estatal verificó de forma independiente muchos de esos mensajes, que son registros públicos del condado de Pinal.
El impacto político
Aunque la decisión de Miller elimina la posibilidad de un proceso penal, el costo político parece ya inevitable.
El representante federal David Schweikert, ahora candidato a gobernador, calificó el silencio de Lamb de “rayano en lo inmoral”, mientras que el ex senador Jeff Flake consideró las amenazas contra las acusadoras como “un abuso de poder” y “descalificador”.
El oponente de Lamb en las primarias republicanas, Daniel Keenan, declaró que Lamb “no es apto para el cargo” y que “si Mark Lamb va a abusar de su poder como sheriff, imagínense lo corrupto que será en Washington”.
Lamb, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, ha optado por no comentar las acusaciones y ha centrado sus últimas publicaciones en redes sociales en el nuevo rancho de su familia en Tennessee, en lugar de en su candidatura al Congreso.
Su esposa, Janel Lamb, calificó los reportajes como una “campaña masiva de difamación”.
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La investigación de la fiscalía no abordó las acusaciones de conducta personal, y Miller fue enfático al respecto: “Seguimos los hechos, seguimos la ley y seguimos la evidencia. En este caso, la evidencia no establece que se haya violado ninguna ley”.
