Lee la columna de esta edición de Félix García, sobre el caso Meléndres que se mantiene abierto en el MCSO. Foto: Facebook MCSO
Decir la verdad también exige tener el valor para reconocer cuando las cosas cambian.
En los tiempos de Joe Arpaio siempre me mantuve firme en contra de sus abusos. Le salí al paso a lo que él y la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO) le hicieron a tantas familias hispanas: las redadas, el perfilamiento racial y esas paradas de tráfico donde a uno lo trataban como sospechoso nomás por el color de piel o el aspecto.
Cuando una corte federal confirmó esos abusos, me dio satisfacción ver que finalmente se le hacía justicia a nuestra comunidad. Y en 2016, cuando la gente votó para sacar a Arpaio, respeté y respaldé esa decisión.
Esa historia ahí está y no se trata de borrarla ni de hacerse los desentendidos. Pero tampoco podemos agarrarla de pretexto para condenar de por vida a una institución que le ha metido el hombro para cambiar. Con la misma firmeza con la que señalé los abusos de aquel tiempo, hoy me toca reconocer la realidad: el MCSO de hoy no es el de Arpaio.
No hablo por hablar ni por lo que leo en un papel. Como parte del Community Advisory Board del caso Melendres v. Arpaio, donde fui nombrado por el sheriff Jerry Sheridan, me ha tocado andar en la calle, organizar reuniones con mandos, miembros del consejo y vecinos del condado. He visto de cerca cómo trabajan y cómo tratan hoy a nuestra gente.
Las redadas en los barrios se acabaron. Los agentes aplican la ley como en cualquier lado, pero no hay evidencia de que anden sobre los conductores hispanos. MCSO mide y analiza cada parada de tráfico, y esos datos los revisan la corte, los abogados y expertos independientes. Si nos siguieran persiguiendo, a estas alturas sería imposible ocultarlo.
Sheridan es el cuarto sheriff en encarar este proceso de reforma; los agentes involucrados en las viejas prácticas ya ni están en la corporación.
Pero lo que más me pesa no son los papeles, sino lo que escucho en la calle. Muchas personas ni saben quién es el sheriff actual porque ya no sienten la persecución de antes; si nos estuvieran amedrentando, créanme que todo el mundo sabría su nombre. La gente con la que hablo ya no le tiene miedo a MCSO; al contrario, piden más presencia policiaca para cuidar a sus familias. Y las protestas de aquellos años simplemente ya no están. Eso no es casualidad.
Por eso vale la pena preguntar, aunque a algunos les incomode: ¿a quién le conviene mantener este caso abierto a fuerza?
A final de cuentas, los que se siguen beneficiando son el monitor federal y los despachos de abogados, no la gente de Maricopa. La supervisión cuesta un dineral y mantiene a la agencia amarrada a un cuento que ya no encaja con la realidad.
Si una institución hace la tarea, cambia sus políticas, saca a la gente dañina y demuestra con hechos que ya sienta cabeza, tiene que haber una salida clara. Si no, ¿qué chiste tiene reformarse? ¿De qué sirve cumplir a rajatabla si nunca va a ser suficiente?
A los que dudan los invito a darse una vuelta por el centro de entrenamiento de MCSO. Ahí van a ver agentes hispanos, afroamericanos, asiáticos, anglos e indígenas trabajando juntos. Esa diversidad no se puede pisotear diciendo que la institución sigue apestando a racismo.
Terminar la supervisión federal no es darle un cheque en blanco a nadie. Hay que seguir con los ojos bien abiertos, exigiendo cuentas y usando los canales locales para denunciar cualquier abuso. Pero reconocer el cambio tampoco es traicionar a quienes sufrieron con Arpaio; al contrario, es demostrar que sus luchas y sus marchas sí sirvieron para algo.
La justicia tiene que ser pareja: exige recordar el pasado, pero medir el presente con honestidad. Ya es hora de dejar que el MCSO camine por su cuenta y le responda directamente a los ciudadanos del Condado de Maricopa.
El MCSO ya cambió, ya cumplió y va siendo hora de reconocerlo.
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*Las opiniones expresadas en este artículo son a título exclusivamente personal y no representan la postura oficial ni la visión general del Community Advisory Board del caso Melendres v. Arpaio.
Félix García es estratega político, consultor de campañas y fundador de Primera Consulting Group. Ha servido como delegado de la Casa Blanca y asesora a líderes y organizaciones en temas de política pública y asuntos regulatorios a nivel internacional.
