En un comunicado emitido esta semana, la Cancillería mexicana reiteró su rechazo a las acusaciones de desapariciones forzadas por parte del Estado. Foto: Madres Buscadoras de Sonora/Facebook
Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó como “inaceptable” y “carente de sustento” la acusación hecha por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, que activó en abril un protocolo urgente al considerar que las desapariciones forzadas en México son sistemáticas y generalizadas.
En un comunicado emitido esta semana, la Cancillería mexicana reiteró su rechazo a cualquier insinuación que vincule directamente al Estado mexicano con la promoción o tolerancia de estas prácticas. “El servidor público que incurra en este delito será investigado y sancionado conforme a la ley”, expresó el texto oficial.
El pronunciamiento se da como respuesta a la solicitud de información que enviará el CED, tras activar por primera vez el artículo 34 de la Convención sobre Desapariciones Forzadas, un procedimiento calificado como “inédito” por organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y “extremo” por el Centro Prodh.
COMUNICADO CONJUNTO. "México rechaza que en nuestro país haya desapariciones forzadas sistemáticas y generalizadas por parte del Estado".https://t.co/eprVm5F2hC pic.twitter.com/HUVcxtcX5P
— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) June 25, 2025
Críticas internacionales y contexto alarmante
Olivier de Frouville, presidente del Comité, afirmó que su decisión se basa en información creíble que indica la práctica sistemática del delito en territorio mexicano. Las cifras respaldan la gravedad de la situación: hasta el 11 de marzo de 2025 se contabilizaban 123,808 personas desaparecidas, cifra que representa un aumento significativo respecto a las 98,877 registradas en 2022. El estado de Jalisco encabeza la lista de desapariciones.
A esto se suma la crisis forense en México. Muchos centros están desbordados, y casos como el hallazgo de un presunto “campo de exterminio” en Teuchitlán, Jalisco —vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación— evidencian la magnitud del problema. En ese sitio fueron hallados restos humanos, ropa, herramientas de tortura y hornos crematorios.
Reformas legales y dudas persistentes
La Segob informó el 23 de junio que se incorporaron 30 modificaciones a la Ley General en materia de desaparición, como la creación de una Plataforma Única de Identidad y acciones de bienestar para hijos de personas desaparecidas. Sin embargo, colectivos de víctimas advierten que estos cambios son apenas un primer paso, y que la ley sigue siendo insuficiente frente a la complejidad del fenómeno.
Pese a la postura del gobierno, la comunidad internacional exige mayor rendición de cuentas. Para muchas familias, esta solicitud de la ONU representa una nueva esperanza de alcanzar justicia, verdad y reparación.
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