El gobierno de Donald Trump no solo ha dado golpes a la migración ilegal, sino también a la legal, ya que el despido de jueces retrasará casos en cortes. Foto: Cortesía / DHS
La reciente decisión de la administración de Donald Trump de despedir a 20 jueces de inmigración como parte de un recorte de 400 empleados del Departamento de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) ha generado preocupación en todo Estados Unidos, especialmente en estados fronterizos como Arizona, ya que esta medida se produce en medio de un retraso de aproximadamente 3.7 millones de casos en los tribunales de inmigración del país, lo que podría agravar aún más la situación en regiones con alta demanda de procesos migratorios.
Arizona, por su ubicación geográfica y dinámica migratoria, se ve particularmente afectada por cambios en el sistema de justicia de inmigración y aunque las cifras exactas pueden haber variado con el tiempo, en 2016, las cortes de inmigración en Arizona tenían al menos 10,422 casos pendientes, con 7,505 en Phoenix y 1,061 en el Centro de Detención de Eloy.
Con el despido de estos jueces, es razonable anticipar que el número de casos pendientes podría incrementarse, prolongando los tiempos de espera para los solicitantes y afectando la eficiencia del sistema judicial migratorio en el estado.
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Reacciones y preocupaciones
Matthew Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos (IFPTE), calificó estos despidos como una “hipocresía”, especialmente dado el compromiso previo de la administración de contratar más jueces de inmigración para abordar el creciente retraso de casos.
Biggs destacó que cada juez despedido podría haber manejado entre 500 y 700 casos al año, lo que significa que la eliminación de 20 jueces podría resultar en hasta 14,000 casos adicionales sin resolver anualmente.
La falta de explicaciones claras sobre los despidos ha generado incertidumbre entre los profesionales del derecho y las comunidades inmigrantes en Arizona; la ausencia de estos jueces podría traducirse en demoras significativas en los procedimientos de asilo, órdenes de deportación y otras decisiones críticas que afectan la vida de miles de inmigrantes en el estado.
A nivel nacional, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR) supervisa aproximadamente 70 tribunales de inmigración con alrededor de 700 jueces. La destitución de 20 jueces representa una reducción notable en la capacidad operativa del sistema judicial de inmigración. Además, desde la asunción del presidente Trump el 20 de enero, se han despedido a dos jueces de inmigración y cinco altos directivos, sumando un total de 27 funcionarios removidos de la EOIR.
Estos despidos se enmarcan en una serie de medidas ejecutivas firmadas por la administración Trump que buscan reformar rápidamente el sistema de inmigración de Estados Unidos. Entre estas acciones se incluyen restricciones al acceso de migrantes y cambios en los procedimientos de asilo, lo que ha generado debates sobre el futuro de la política migratoria del país.
Dejan niños a su suerte
El gobierno de Estados Unidos ha emitido una orden de suspensión de servicios legales destinados a niños inmigrantes detenidos, incluyendo presentaciones sobre sus derechos y educación legal, según denunció este martes la organización Florence Project.
Con esta decisión, miles de niños en Arizona y en todo el país enfrentarán solos sus procesos de inmigración, sin asesoría ni representación legal. La medida, calificada como un ataque sin precedentes contra niños inmigrantes, implica que menores de todas las edades deberán comparecer en la corte sin abogados, enfrentándose a fiscales gubernamentales entrenados.
“La decisión del gobierno abandona a estos niños y los deja completamente indefensos”, advirtió Florence Project en un comunicado, subrayando que la asistencia legal no solo es una cuestión de equidad, sino también una protección esencial contra el tráfico de personas, el abuso y la explotación.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han alertado sobre el impacto devastador de esta medida, que además podría generar un colapso en el sistema judicial de inmigración. Los servicios legales para menores ayudan a agilizar los procesos y garantizar que los niños comprendan sus derechos y opciones.
La organización anunció que explorará todas las vías posibles para continuar brindando asistencia a los niños inmigrantes y exigió al gobierno que revoque la orden de inmediato.
