Titulada “Ley de Protección de Arizona contra la Inmigración Ilegal”, la Resolución Concurrente de la Cámara 2060 se basaría en la ley E-Verify existente del estado, ampliándola para cubrir industrias que antes estaban exentas, como el sector de la construcción. CORTESIA: Pexels
Propuesta de ley va por subcontratistas que emplean a indocumentados
En una nueva andanada de propuestas antiinmigrantes, las empresas de Arizona podrían ser multadas con $10,000 por cada empleado indocumentado, según la propuesta HB 2060 del Partido Republicano, presentada por Ben Toma y que apunta a la boleta electoral de noviembre.
Titulada “Ley de Protección de Arizona contra la Inmigración Ilegal”, la Resolución Concurrente de la Cámara 2060 se basaría en la ley E-Verify existente del estado, ampliándola para cubrir industrias que antes estaban exentas, como el sector de la construcción.
También agregaría el uso de E-Verify como requisito de elegibilidad para los programas de asistencia financiados por el estado y las solicitudes de licencias emitidas por el estado, manteniendo efectivamente a los arizonenses indocumentados fuera de una gran cantidad de trabajos y lejos de oportunidades de ayuda financiera.
“Nuestro mensaje a los inmigrantes ilegales es simple: si quieren aprovecharse de los estadounidenses, vayan a otro lugar”, dijo Toma.
La propuesta solo necesita ganar la aprobación de ambas cámaras legislativas antes de ser enviada a la boleta electoral de noviembre para que los votantes la consideren, evitando un veto de la gobernadora Katie Hobbs.
Los opositores advierten que una ley así como empujará aún más a los trabajadores inmigrantes hacia las sombras y viene sumarse a la polémica propuesta contra la “Invasión de Arizona” que faculta a las policías locales a prácticamente fungir como agentes de inmigración, labor que es competencia única de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas.
Ben Toma, el presidente de la Cámara de Representantes de Arizona, presentó su legislación como una defensa en medio de la inmigración récord en la frontera sur del estado, criticando que presenta una solución ante la inacción demócrata.
“Nuestra frontera está siendo invadida por extranjeros ilegales, y es dolorosamente claro en este punto que nuestra gobernadora y nuestro presidente no están haciendo nada al respecto”, dijo.
“Cuando aquellos que son responsables del desastre en nuestra frontera se niegan a hacer su trabajo, cuando miran hacia otro lado mientras nuestros hijos están siendo asesinados por drogas, mientras hay tráfico de personas y crimen llenando nuestras calles, me niego a quedarme de brazos cruzados y no hacer nada al respecto”.
El programa E-Verify es un servicio federal en línea que verifica electrónicamente la información de un empleado prospectivo con registros de la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En 2007, los legisladores de Arizona aprobaron la Ley de Trabajadores Legales de Arizona, que prohíbe a las empresas contratar intencionalmente a inmigrantes indocumentados y les exige utilizar el programa E-Verify para determinar el estado legal de sus empleados.
Los contratistas independientes, como empresarios autónomos, y los subcontratistas, que a menudo son profesionales contratados para trabajar en un aspecto de un proyecto como jardinería o techado, quedaron excluidos de los requisitos de verificación de la ley de 2007.
La versión ampliada incluiría a todos los empleadores y contratistas, excluyendo solo a los contratistas o subcontratistas que reciben menos de $600 al año y también impondría multas mucho más severas a las empresas que violen el requisito de utilizar E-Verify en sus procesos de contratación.
Actualmente, el Fiscal General de Arizona y los fiscales de condado pueden investigar quejas presentadas contra empresas y revocar licencias de funcionamiento, pero las nuevas pautas facultarían a los tribunales para imponer multas de hasta $10,000 por cada empleado indocumentado encontrado.
Una negativa a usar el sistema E-Verify o obstruir el deber de otra persona de usarlo podría conllevar un cargo de delito grave de clase 6, que acarrea hasta dos años de prisión.
La recepción de asistencia pública también dependería del estatus de ciudadanía de una persona y la propuesta establece que cualquier ciudad que reciba dólares estatales para financiar programas de ayuda pública, como vivienda o asistencia alimentaria, desempleo, atención médica o beneficios por discapacidad, primero debería usar el sistema E-Verify para confirmar la elegibilidad del destinatario.
Si bien la mayoría de los programas de ayuda gubernamental ya excluyen a los no ciudadanos, algunas iniciativas financiadas con fondos federales ofrecen cobertura independientemente del estado de ciudadanía, como el Programa Federal de Servicios de Emergencia, que ayuda al sistema Medicaid del estado a cubrir visitas a la sala de emergencias o procedimientos que salvan vidas.
Algunos recursos locales, como clínicas de bajo costo para personas sin seguro, también brindan atención a inmigrantes.
Resurge el racismo
Para los defensores de los inmigrantes, la resolución es un eco no deseado de la SB1070 del estado, la famosa ley de “muéstrame tus papeles” de 2010 que inició una era de temor para los inmigrantes y sus familias.
LUCHA denunció las nuevas resoluciones como “SB1070 2.0” y advirtió que solo serviría para dañar a las comunidades marginadas.
“Durante la SB1070, Arizona perdió miles de millones de dólares en ingresos, las pequeñas empresas se vieron afectadas negativamente y la imagen del estado se empañó indefinidamente”, dijo LUCHA en un comunicado por correo electrónico. “Esto es un paso en esa dirección y parte de un esfuerzo concertado para atacar las contribuciones exitosas de las comunidades de color y las familias inmigrantes en el estado”.
José Patiño, vicepresidente de educación y asuntos externos en Aliento, dijo que estaba enojado por la retórica que se parecía tanto a los discursos utilizados para defender la SB1070 y que probablemente impugnarán la propuesta si llega a la boleta electoral de noviembre, pero teme que resuene con muchos votantes.
En Arizona, desde que se aprobó la ley E-Verify hace más de una década, convertirse en contratista independiente a menudo era la única forma legal para que los jóvenes arizonenses indocumentados tuvieran un trabajo y la legislación de Toma amenaza con trastornar eso y relegar a los inmigrantes a trabajar en las sombras, preparándolos para una mayor explotación.
“La alternativa es lo que sucedía antes, que trabajaban bajo la mesa. No puedes quejarte si te están explotando, o si no te están pagando horas extras, porque te van a decir: ‘Bueno, no tienes derechos’”, dijo Patiño.
