Tom Horne fustigó a PXU por rechazar la instalación de oficiales armados en dos preparatorias, pese a las solicitudes de sus propios administradores. Foto: Cortesía / Departamento de Educación Pública
El Superintendente Estatal de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, calificó como un “error” la decisión del consejo directivo del Distrito Escolar Phoenix Union (PXU, por sus siglas en inglés) de rechazar la instalación de oficiales armados en dos preparatorias, pese a las solicitudes de sus propios administradores y respaldado por educadores, advirtió que la medida expone a estudiantes y personal a riesgos innecesarios.
En una conferencia de prensa, Horne señaló que el consejo ignoró las peticiones de los directores de las preparatorias Betty Fairfax y Carl Hayden, quienes solicitaron oficiales a través del Programa de Seguridad Escolar estatal, financiado por el Departamento de Educación.
“Los miembros del consejo no tienen que estar en los planteles diariamente, pero los maestros, alumnos y personal sí. Ellos saben cuán grave es la situación”, afirmó.
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Horne enfatizó los riesgos de no contar con protección ante posibles ataques: “Si un hombre armado mata estudiantes, como ha pasado en otros estados, los padres nunca perdonarían a quienes omitieron proteger las escuelas”.
Tres educadores apoyaron la postura de Horne. Mark Williams, profesor jubilado de PXU, cuestionó la priorización de sobre la seguridad: “Algunos padres fallan en su rol, y el consejo cede ante quienes no quieren policías cerca de sus hijos. ¿Por qué?”.
Susan Groff, maestra certificada a nivel nacional, destacó el impacto positivo de los oficiales escolares (SRO, por sus siglas en inglés): “Su presencia no solo mejora la seguridad, sino que construye confianza entre estudiantes y staff”. Por su parte, Pamela Kelley, con maestría en educación, exigió detectores de metales y SRO en todas las escuelas de PXU.
Fondos disponibles
El Programa de Seguridad Escolar, administrado por el estado, sigue ofreciendo recursos para oficiales en planteles. Sin embargo, el consejo de PXU —que en años anteriores eliminó los SRO de sus campus— mantuvo su postura, generando debates sobre enfoques de seguridad.
Mientras Horne instó a reconsiderar el voto, la decisión reavivó tensiones entre modelos basados en prevención comunitaria y aquellos que priorizan presencia policial. Para los críticos, la medida ignora la realidad de violencia en entornos educativos; para defensores, refleja una apuesta por estrategias menos punitivas.
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El distrito, que atiende a más de 25,000 estudiantes en Phoenix, no ha emitido un comunicado detallando los motivos específicos del rechazo. Sin embargo, la polémica subraya un dilema nacional: cómo equilibrar seguridad física con climas escolares inclusivos, en un país donde los tiroteos masivos siguen siendo una amenaza latente.
