La medida señala que se podría multar o incluso encarcelar a padres cuyos hijos falten recurrentemente a clases. Foto: Cortesía / Freepik
En medio de una ola de ausentismo crónico que alcanza al 30% de los estudiantes de Arizona —el triple que antes de la pandemia—, el superintendente estatal de Educación, Tom Horne, y el alguacil del condado de Maricopa, Jerry Sheridan, han lanzado un controvertido plan que combina advertencias legales con apoyo a padres y distritos.
La medida, que podría multar o incluso encarcelar a progenitores cuyos hijos falten recurrentemente a clases, busca frenar una crisis educativa que, según datos de la Helios Foundation, afecta a 1 de cada 3 estudiantes.
Arizona define el ausentismo crónico como la falta al 10% del año escolar (18 días en 180). Mientras en 2019-2020 la tasa era del 9%, en 2022-2023 escaló al 30%, superando el promedio nacional del 29% reportado por el National Center for Education Statistics.
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Expertos vinculan este aumento a factores como problemas de salud mental, brechas tecnológicas y desvinculación educativa tras el COVID-19. Según Attendance Works, estudiantes con altas ausencias tienen un 70% más de riesgo de abandonar la secundaria.
Horne y Sheridan apuestan por aplicar la ley ARS 15-802, que obliga a niños de 6 a 16 años a asistir a clases y castiga con faltas de clase 3 (hasta 30 días de cárcel o $500 de multa) a padres que no garanticen la asistencia.
“Si hay violaciones deliberadas, deben procesarse”, afirmó Horne, instando a fiscales a priorizar estos casos y además, propone que nueve ausencias injustificadas resulten en reprobar una materia, y que cinco retrasos cuenten como una falta.
Sheridan, por su parte, ofreció recursos del alguacil para localizar a menores ausentes, pero subrayó que “primero evaluaremos si las familias necesitan ayuda”.
La estrategia, sin embargo, genera debate: ¿Es efectivo criminalizar a padres en crisis? Un estudio de la Universidad de California (2022) revela que medidas punitivas aumentan el estrés familiar y no abordan causas profundas como pobreza o falta de transporte.
Mientras Horne insiste en que “sin estudiantes en aulas, no hay aprendizaje”, organizaciones como Arizona Center for Youth Resources recuerdan que el 60% de los ausentes crónicos en el estado viven en pobreza.
“Multar a una madre sin auto o con trabajos inflexibles solo empeora su situación”, señala Luisa Méndez, defensora de derechos educativos.
Estados como Colorado y Oregon han optado por programas de tutorías, transporte subsidiado y visitas domiciliarias, reduciendo el absentismo hasta un 20% sin recurrir a cortes.
John Croteau, superintendente del distrito Dysart, respalda la importancia de la asistencia: “La enseñanza en aula es irremplazable”.
Su distrito, que atiende a 25,000 estudiantes, implementa llamadas a padres tras dos faltas y conecta familias con trabajadores sociales, pero pese a esto, el 28% de sus alumnos fueron ausentes crónicos en 2023, reflejando un desafío sistémico.
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Arizona ocupa el puesto 48 en financiación educativa según la Education Law Center, con 8,200 anuales por estudiante frente a los 14,000 de Nueva York. Horne no ha propuesto aumentar este rubro, pero sí endurecer sanciones. Mientras, el alguacil Sheridan insiste en que su enfoque es “prevención, no castigo”.
La encrucijada es clara: en un estado donde el 16% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, ¿Será la amenaza legal la solución?
Para organizaciones como Alliance for Arizona Kids, la respuesta está en ampliar programas de salud mental y comedores escolares.
