Las órdenes de la Corte Suprema fueron emitidas a través de su ‘docket de emergencia y permite cancelar el parole humanitario a miles de inmigrantes. Foto: Cortesía / US Border Patrol
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido una serie de decisiones que permiten a la administración Trump avanzar con la cancelación del estatus legal de protección, conocido como parole humanitario, para un número masivo de inmigrantes, exponiendo a cerca de un millón de personas a la posibilidad de deportación.
En un fallo emitido hoy, 30 de mayo de 2025, el tribunal levantó una orden judicial de un tribunal inferior que había mantenido vigentes las protecciones de parole humanitario para más de 500,000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
Esta decisión abre la puerta a que estas personas puedan ser deportadas mientras sus apelaciones legales continúan su curso en tribunales inferiores.
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Esta determinación sigue a una resolución anterior de la Corte Suprema, del 19 de mayo de 2025, que ya había autorizado a la administración Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), parole humanitario, para aproximadamente 350,000 migrantes venezolanos.
La suma de ambas decisiones podría afectar a casi un millón de personas, quienes ahora se encuentran en una situación de incertidumbre legal y con la amenaza inminente de la deportación.
Las órdenes de la Corte Suprema fueron emitidas a través de su ‘docket de emergencia’ y, como es habitual en estos casos, no incluyeron una justificación detallada de sus motivaciones.
Las juezas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor expresaron su disenso en ambos casos, subrayando las “consecuencias devastadoras” que estas decisiones tendrán para los inmigrantes afectados.
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Es crucial destacar que estas resoluciones no representan un juicio definitivo sobre la legalidad de las acciones de la administración, sino que simplemente autorizan al gobierno a proceder con la revocación de las protecciones mientras los casos continúan siendo litigados en instancias judiciales inferiores.
Se espera que los defensores de los derechos de los inmigrantes continúen sus esfuerzos legales para revertir estas medidas en los tribunales inferiores.
