Isabel García, estratega de seguridad comunitaria de Poder In Action, expresó su oposición al contrato propuesto. Foto: Phoenix Police Department
La violencia policial sigue escalando en Phoenix, donde esta semana agentes dispararon contra Abraham Hermosillo, marcando el segundo tiroteo en una semana, el quinto en menos de 30 días y el noveno desde la publicación del informe del Departamento de Justicia (DOJ).
A pesar de este aumento alarmante en los incidentes, el Ayuntamiento de Phoenix mantiene silencio, perpetuando su postura de evitar confrontaciones sobre las acciones cuestionables de la policía.
Este último incidente coincide con la propuesta de un contrato por $22 millones para dotar al Departamento de Policía de Phoenix con nuevas pistolas Taser durante los próximos cinco años. Al cierre de la edición, la subcomisión de Seguridad Pública y Justicia del Ayuntamiento debatirá la aprobación del financiamiento, una decisión que podría reforzar la percepción de que las autoridades locales priorizan el respaldo incondicional a la policía, incluso a costa de los residentes de Phoenix.
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El DOJ ha señalado que el uso de pistolas Taser por parte de la Policía de Phoenix es “irrazonable”, un hallazgo que genera dudas sobre la efectividad de asignar más recursos a herramientas cuyo uso ha sido problemático. Además, el administrador de la ciudad, Jeff Barton, ha advertido que Phoenix enfrenta un déficit presupuestario multimillonario durante los próximos dos años, lo que podría afectar servicios vitales para la comunidad.
En este contexto, Isabel García, estratega de seguridad comunitaria de Poder In Action, expresó su oposición al contrato propuesto.
“La policía de Phoenix ha demostrado que no es capaz de usar de manera responsable el vasto arsenal de armas que ya tienen. No se les debería permitir desviar $22 millones de recursos comunitarios desesperadamente necesarios, especialmente cuando los servicios vitales están en peligro debido al déficit presupuestario”, declaró García.
Impacto en la Seguridad Pública
Los críticos señalan que la decisión de asignar más fondos a la policía contradice las declaraciones del Ayuntamiento de comprometerse con “cambios a largo plazo para proporcionar los mejores servicios de seguridad pública a los residentes”. En lugar de abordar las causas fundamentales del daño en las comunidades, como la pobreza, la falta de acceso a servicios sociales y problemas de salud mental, el Ayuntamiento parece centrarse en fortalecer un departamento que enfrenta serias críticas por su conducta.
Exigen Responsabilidad
El informe del DOJ, publicado hace menos de un año, destacó patrones de uso excesivo de fuerza y prácticas discriminatorias por parte de la Policía de Phoenix. Sin embargo, la respuesta del Ayuntamiento ha sido considerada insuficiente por organizaciones comunitarias que exigen reformas significativas en lugar de inversiones en más herramientas para una policía que, según los activistas, sigue aterrorizando los vecindarios.
El debate sobre los $22 millones para nuevas Tasers no solo representa una decisión presupuestaria, sino también un indicativo de las prioridades del liderazgo de Phoenix. Para muchos, continuar financiando la violencia policial envía un mensaje claro: el Ayuntamiento de Phoenix está dispuesto a ignorar las necesidades de sus residentes en favor de mantener el statu quo en su relación con la policía.
