Jurado estatal emite acusación formal por conspiración, fraude y falsificación, informó la fiscal de Arizona, Kris Mayes. Foto: Cortesía / Facebook Kris Mayes
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, anunció que un jurado estatal ha emitido una acusación formal contra Johnny Lee Bowers y Ashley Meredith Hewitt, también conocida como Ashley Hopkins, por múltiples delitos graves, incluidos conspiración, fraude y falsificación. Los acusados, residentes fuera del estado, supuestamente defraudaron al programa de Becas de Empoderamiento Educativo (ESA, por sus siglas en inglés) de Arizona al presentar solicitudes fraudulentas con documentos falsos o forjados, como certificados de nacimiento, facturas de servicios públicos y contratos de arrendamiento.
Según las autoridades, Bowers y Hewitt enviaron solicitudes al programa ESA para 50 niños, de los cuales 43 eran ficticios. Los acusados se hicieron pasar por padres reales y crearon identidades falsas para “padres fantasma”. A través de estas acciones fraudulentas, obtuvieron aproximadamente $110,000 del programa, dinero que presuntamente utilizaron para cubrir gastos personales en Colorado.
Actualmente, se cree que los acusados residen en Utah.
El caso ha sido investigado por la Sección de Investigaciones Especiales de la Oficina del Fiscal General de Arizona y está siendo procesado por la Fiscal Adjunta Haleigh Farrelly.
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La Fiscal General Mayes reiteró su compromiso de proteger los fondos públicos y aseguró que su oficina seguirá investigando y enjuiciando a quienes cometan fraudes contra programas estatales.
Por su parte, el Superintendente de Instrucción Pública de Arizona, Tom Horne, emitió un comunicado en el que destacó los esfuerzos de su departamento para identificar y combatir el fraude en el programa ESA.
Horne explicó que fue su departamento quien remitió este caso, junto con otros actualmente bajo investigación criminal, a la Oficina del Fiscal General. Señaló que, al asumir el cargo, contrató a un auditor con 15 años de experiencia en la Oficina del Auditor General y a un investigador especializado, posiciones que no existían bajo la administración anterior.
“Estoy decidido a eliminar cualquier tipo de fraude dentro del programa ESA y me complace que los casos que hemos presentado a la Oficina del Fiscal General estén resultando en procesos judiciales”, declaró Horne.
El programa de Becas de Empoderamiento Educativo proporciona fondos a las familias para cubrir gastos educativos de sus hijos, como matrícula, materiales escolares y servicios especializados. Sin embargo, su manejo ha sido objeto de escrutinio debido a vulnerabilidades que pueden ser explotadas para cometer fraudes.
El caso de Bowers y Hewitt resalta la necesidad de controles más estrictos para garantizar que los fondos lleguen a las familias y estudiantes que realmente los necesitan.
Las autoridades continuarán con el proceso judicial contra los acusados, quienes podrían enfrentar severas penas por sus acciones. Mientras tanto, la Oficina del Fiscal General y el Departamento de Educación de Arizona han reforzado sus esfuerzos para prevenir y detectar actividades fraudulentas en programas estatales.
