La propuesta ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que convierte a las fuerzas del orden en cazadores de recompensas, incentivando el perfilamiento racial.
Oleada de controvertidas políticas antiinmigrantes en la legislatura; llaman a boicot
Arizona se ha convertido en el epicentro de una ola de propuestas legislativas antiinmigrantes que buscan replicar y las duras políticas impulsadas por la administración de Donald Trump a nivel federal; entre las iniciativas más controvertidas se encuentra el proyecto de ley SB1111, que propone convertir a los policías en “cazarecompensas” al ofrecer $2,500 por cada migrante indocumentado detenido y deportado y obtendría sus fondos cobrando por las remesas.
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Este proyecto, junto con otras medidas similares, ha generado un intenso debate sobre los derechos de los inmigrantes, el perfilamiento racial y el papel de las autoridades locales en la aplicación de leyes migratorias.
El SB1111, patrocinado por el senador republicano Jake Hoffman, busca crear un “Fondo de Deportaciones de Arizona” financiado mediante un cobro de 25 dólares a transferencias internacionales hasta 500 dólares, comúnmente utilizadas por migrantes para enviar remesas a sus familias y un 5% adicional en envíos mayores.
La propuesta ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que convierte a las fuerzas del orden policías en cazadores de recompensas, incentivando el perfilamiento racial y priorizando la aplicación de leyes federales de inmigración sobre las estatales.
Señalan además que afectarían a todas las personas que envían remesas aun siendo residentes legales o ciudadanos, subrayando la injusticia de penalizar a quienes trabajan arduamente para mantener a sus familias.
Alejandra Gómez, directora de LUCHA, comparó la medida con la infame “Operación Wetback” de los años 50, destacando su potencial para separar familias y fomentar la discriminación racial, en tanto, Noah Schramm, de la ACLU, advirtió que la SB1111 “sobrecargaría el perfilamiento racial en todo el estado”, violando los derechos constitucionales de los residentes, independientemente de su estatus migratorio.
La gobernadora Katie Hobbs ha declarado que “no hay manera en el infierno” de que firme la propuesta en ley y enfatizó que los arizonenses buscan seguridad fronteriza, no políticas que conviertan a los agentes en cazadores de recompensas.
Incluso algunos grupos de policías, como la Arizona Police Association, se han manifestado en contra, argumentando que monetizar las decisiones de arresto socava la ética policial y podría debilitar la relación entre las fuerzas del orden y las comunidades que sirven.
Las otras propuestas
No es la primera vez que Arizona se ve envuelta en debates migratorios polémicos, pues la Ley SB1070 de 2010, conocida como la ley “muéstrame tus papeles”, generó boicots económicos y fue ampliamente criticada por fomentar el perfil racial. En la actualidad, también avanza en la legislatura la proposición SB1164, conocida como “Ley ICE”, que busca obligar a la colaboración de agencias policiales locales en labores de inmigración.
Estas propuestas llegan en un momento en que Arizona implementa otras medidas restrictivas, como la Ley 314, que convierte el cruce fronterizo sin documentación adecuada en un delito estatal.
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En una reciente manifestación, un centenar de personas protestó contra la HB 2606, que destina $50 millones a deportaciones masivas, financiando la Ley 314 aprobada en las últimas elecciones y también expusieron al diputado demócrata Ken Volk, quien apoyó la medida, y ha sido criticado por aliarse con los republicanos en estas políticas.
Otras iniciativas, como la HB 2505 y la HB 2099, buscan verificar la autorización laboral de presuntos migrantes indocumentados y exigir al gobernador y al fiscal general que hagan cumplir las leyes federales de inmigración.
Boicot en respuesta
Distintos grupos a nivel local y nacional están convocando a un “apagón económico” este 28 de febrero como forma de protesta contra corporaciones que han seguido el ejemplo del expresidente Donald Trump al reducir iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) y la campaña antimigratoria.
La campaña, impulsada por organizaciones como The People’s Union, busca que los consumidores eviten realizar compras en tiendas o en línea durante 24 horas.
John Schwarz, fundador de The People’s Union, explicó que el objetivo es “recordarles quién tiene el poder” e instó a la población a no gastar dinero en grandes minoristas como Amazon, Walmart y BestBuy.
“Por un día, lo apagamos. Les recordamos que este país no pertenece a las élites, sino al pueblo”, afirmó. Policías.
La iniciativa, que ha ganado impulso en redes sociales, también sugiere que, en caso de emergencias o necesidades esenciales, los consumidores apoyen a pequeños negocios locales.
