El proyecto de presupuesto será sometido a votación en los próximos días y representa una tregua inusual en un Capitolio estatal profundamente dividido. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
La gobernadora Katie Hobbs y los líderes legislativos de ambos partidos anunciaron un acuerdo presupuestario para el año fiscal 2027, valorado en 18,300 millones de dólares, que incluye un recorte de impuestos de 1,450 millones para las familias trabajadoras, una moratoria de tres años a las exenciones fiscales para nuevos centros de datos y la protección de la cobertura médica de 40,000 arizonenses en el programa AHCCCS.
El pacto, alcanzado a menos de tres semanas de la fecha límite para evitar un cierre gubernamental, será sometido a votación en los próximos días y representa una tregua inusual en un Capitolio estatal profundamente dividido.
“Este acuerdo presupuestario bipartidista y equilibrado pondrá a Arizona primero y brindará oportunidad, seguridad y libertad a las comunidades de todo el estado”, declaró la gobernadora Hobbs en un comunicado.
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La mandataria subrayó que el plan “ofrece un recorte de impuestos de 1.4 mil millones de dólares para las familias trabajadoras, invierte en creación de empleo, educación y seguridad hídrica, al tiempo que apretamos el cinturón y aseguramos una moratoria a la exención fiscal de los centros de datos para que podamos desarrollar un camino responsable que proteja nuestro futuro hídrico y reduzca las facturas de servicios públicos”.
El entendimiento pone fin a meses de agrias negociaciones que alcanzaron su punto más tenso en mayo, cuando los republicanos aprobaron en solitario un presupuesto que eliminaba la cobertura de salud para decenas de miles de personas y mantenía intactos los incentivos fiscales para la industria de los centros de datos.
La nueva versión pactada, en cambio, congela por tres años cualquier nueva exención fiscal para esos centros, una medida que los demócratas calificaron como “histórica” en un estado que alberga más de un centenar de estas instalaciones en operación o desarrollo en el área metropolitana de Phoenix, según datos de la Oficina de Oportunidades Económicas de Arizona.
El líder de la minoría demócrata en la Cámara, Oscar De Los Santos, explicó que “mientras las familias de Arizona luchan contra la crisis de asequibilidad, los centros de datos propiedad de multimillonarios no deberían recibir un trato fiscal especial”.
El también negociador jefe de su bancada añadió que “por eso los demócratas forzaron una congelación histórica de las exenciones a los centros de datos y redirigimos este presupuesto hacia la salud, la alimentación, las escuelas públicas y el alivio fiscal en un momento en que las familias trabajadoras más lo necesitan”.
El acuerdo garantiza que ningún arizonense elegible pierda la cobertura del Sistema de Contención de Costos de Salud de Arizona (AHCCCS), el programa estatal de Medicaid, que estaba amenazado por los recortes federales derivados de la Ley “One Big Beautiful Bill”.
Además, el presupuesto implementa la Ley de Recortes de Impuestos para la Clase Media (HB2531), que elimina los gravámenes sobre las propinas y las horas extra, eleva la deducción estándar y crea una nueva deducción de 6,000 dólares para los mayores de 65 años.
La asistencia alimentaria recibe un refuerzo considerable: 235 millones de dólares para familias que luchan por pagar la despensa y la extensión por dos años de las comidas escolares gratuitas para estudiantes de escuelas públicas.
En el capítulo de gasto social, el presupuesto destina 48 millones de dólares a reducir los costos de cuidado infantil para familias trabajadoras y 66 millones a libros de texto, tecnología y transporte escolar.
El presidente del Senado, Warren Petersen, afirmó que “al adoptar los recortes fiscales del presidente Trump a nivel estatal, estamos ayudando a los arizonenses a conservar más del dinero que ganan con tanto esfuerzo”.
El paquete, sin embargo, también endurece los requisitos de elegibilidad para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y para el AHCCCS, e incluye 14.1 millones de dólares para contratar a 100 nuevos agentes del Departamento de Seguridad Pública que colaborarán con la Patrulla Fronteriza en labores de control migratorio, un punto que generó resistencias entre los legisladores demócratas.
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La líder de la minoría en el Senado, Priya Sundareshan, admitió que “este presupuesto no es perfecto, pero es innegablemente más fuerte porque los demócratas se negaron a aceptar una propuesta partidista que anteponía a las corporaciones sobre las familias trabajadoras”.
La negociación, que se prolongó a puerta cerrada durante semanas tras el veto de Hobbs al presupuesto republicano, se aceleró en los últimos días ante la proximidad del 30 de junio, fecha en que expira la autorización de gasto y se activaría un cierre gubernamental.
