La gobernadora Katie Hobbs colaborará con el Comité de Supervisión Legislativa Conjunta del DCS. CORTESIA: Governor Katie Hobbs
Crisis en el Sistema de Protección Infantil de Arizona tras muertes de tres menores
La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, se comprometió a implementar cambios profundos en el Departamento de Seguridad Infantil (DCS, por sus siglas en inglés) tras los asesinatos de tres menores bajo supervisión estatal este año: Emily Pike (14 años), Zariah Dodd (16 años) y Rebekah Baptiste (10 años).
En una entrevista radiofónica, Hobbs calificó los casos como “una película de terror” y reconoció la responsabilidad del estado en proteger a los “arizonenses más vulnerables”.
Hobbs inició una revisión exhaustiva del DCS para identificar fallos sistémicos, señalando la tecnología anticuada y la financiación insuficiente como problemas clave. “El estado no hace un buen trabajo invirtiendo en tecnología actualizada”, admitió, aunque advirtió que es pronto para determinar causas específicas en estos casos.
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La gobernadora colaborará con el Comité de Supervisión Legislativa Conjunta del DCS, cuya primera audiencia está programada para septiembre.
Kathryn Ptak, directora del DCS, afirmó que la agencia está revisando exhaustivamente el caso de Rebekah Baptiste, cuyo historial abarca 10 años. El padre de la menor y su pareja enfrentan cargos de asesinato y abuso infantil.
Ptak destacó que se analizan llamadas al servicio de emergencias para identificar “puntos de aprendizaje”.
Hobbs descartó despedir a Ptak, argumentando que sería una “reacción impulsiva” que podría generar miedo entre los empleados.
El DCS enfrenta críticas por la gestión de hogares grupales. Según datos revelados en julio, 115 menores bajo custodia estatal estaban desaparecidos o habían huido, 66 de ellos de hogares grupales.
Zariah Dodd, quien huyó de un hogar en Surprise, fue encontrada muerta horas después. Olivia Lemorrocco, portavoz de Phillips Law Group, denunció “negligencia crítica” en estos centros.
La senadora estatal republicana Carine Werner anunció un grupo de trabajo para revisar las leyes de protección infantil, examinando el caso Baptiste y otros similares.
Werner enfatizó: “Si las leyes impiden actuar cuando los niños están en peligro, deben cambiar”.
Este grupo, compuesto por expertos en bienestar infantil, fiscales y legisladores, buscará recomendaciones para la sesión legislativa de 2026 2.
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La presión sobre el DCS refleja una crisis más amplia en Arizona, donde la descoordinación entre agencias, la falta de recursos y protocolos obsoletos han comprometido la seguridad infantil.
Hobbs prometió transparencia y reformas holísticas, pero advirtió: “Si solo respondemos de manera impulsiva, no lo haremos bien”.
