La Oficina del Fiscal General de Arizona publicó un informe de investigación requerido por ley luego de una denuncia presentada el mes pasado por los representantes Quang Nguyen y Selena Bliss con respecto a la ordenanza de la ciudad de Phoenix que autoriza la transferencia de armas a Ucrania y encontró que está en conflicto con A.R.S. §§ 12-945, 12-943 y 13-3108(A).
“Aunque mi oficina ha determinado que la ordenanza de Phoenix entra en conflicto con las leyes estatales relativas a la eliminación de armas de fuego, estoy profundamente preocupada por estos estatutos”, dijo la fiscal general Kris Mayes.
“Estas leyes son inflexibles y francamente ofensivas para las víctimas del crimen y las comunidades afectadas por la violencia armada. Básicamente, las leyes exigen que las armas de fuego confiscadas, la mayoría de las cuales han sido utilizadas en delitos, deben revenderse y devolverse a las calles”.
Considero Mauyes que se trata de una “Un insulto a los supervivientes y víctimas de la violencia armada original. Estas leyes perpetúan un ciclo en el que las armas se reintroducen en las mismas comunidades que ya han sido perjudicadas por la violencia armada. Las familias de las personas asesinadas o mutiladas por la violencia armada no deberían tener que Vivir sabiendo que esas armas todavía están en las calles”.
“La ciudad de Phoenix intentó reducir el número de armas en sus calles y al mismo tiempo apoyar a los valientes ucranianos que luchan por la libertad frente a la agresión rusa. Si bien la intención de la ciudad aquí es encomiable, la Legislatura ha decidido prohibir este tipo de solución creativa. En lugar de presentar quejas contra ciudades como Phoenix, los miembros de la legislatura deberían centrarse en aprobar una legislación sensata sobre armas”, dijo Mayes.
“Una legislación sensata sobre eliminación de armas debería tener como objetivo mantener seguros a los arizonenses y al mismo tiempo permitir a los líderes locales decidir la mejor manera de deshacerse de ellas. armas que han sido utilizadas en la comisión de un delito, en función de lo que sus comunidades necesitan y quieren”, finalizó.
“Si bien estoy decepcionado por lo que este fallo significa para nuestros vecindarios de Phoenix, estoy aún más decepcionado de que la Legislatura estatal haya dejado a las ciudades y pueblos sin una forma significativa de reducir la violencia armada, especialmente cuando la violencia armada es la principal causa de muerte para niños en los Estados Unidos”, dijo por su parte la vicealcaldesa de Phoenix, Yassamin Ansari.
“La reventa de armas que pueden haber sido utilizadas en delitos no nos mantiene seguros ni proporciona a la ciudad un flujo abrumador de ingresos. De hecho, perdemos miles de millones de dólares cada año debido a la violencia armada”.
“Si bien votaré para cumplir con el fallo del fiscal general, espero que la Legislatura elimine su control sobre las ciudades y restablezca nuestra capacidad para implementar soluciones de seguridad comunitaria”, finalizó.
