Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa son acusados formalmente por autoridades estadounidenses de nexos con el narcotráfico. Foto: Cortesía / Facebook Rubén Rocha Moya
En un acto sin precedentes, el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, anunciaron este miércoles la apertura de una acusación formal contra el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros altos funcionarios y extrabajadores de su administración.
En un comunicado de prensa publicado hace unas horas, acusan a los señalados de conspirar con el Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos hacia Estados Unidos, a cambio de sobornos millonarios y apoyo político.
Una red de corrupción en los niveles más altos
La acusación detalla que Rocha Moya y su círculo cercano, incluyendo a funcionarios como Enrique Inzunza Cázarez y Dámaso Castro Saavedra (vicefiscal de Sinaloa), utilizaron sus cargos para proteger las operaciones de la facción de “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
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El boletín señala que, con los documentos judiciales, el gobernador de Sinaloa habría sido elegido en 2021, después de que los “Chapitos” presuntamente ayudaran en su campaña, mediante el secuestro e intimidación con sus rivales políticos.
Presuntamente, en retribución, el gobernador asistió a reuniones con líderes del cártel donde prometió protección para sus actividades ilícitas.
Cargos por narcotráfico y violencia extrema
Dicha acusación no solo abarca el tráfico de fentanilo, heroína y metanfetamina, sino también graves actos de violencia:
Asesinatos y secuestros: Se acusa a mandos policiales, como Juan Valenzuela Millán, de participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente de la DEA y un familiar de esta en octubre de 2023.
Sobornos mensuales: La investigación revela que funcionarios como Castro Zaavedra recibían aproximadamente 11,000 dólares mensuales a cambio de alertar al cártel sobre operativos respaldados por Estados Unidos.
Protección policial: Miembros de la Policía Estatal y Municipal de Culiacán habrían sido instruidos para custodiar cargamentos de droga en tránsito hacia la frontera.
“Nadie está por encima de la ley”
El administrador de la DEA, Terrance Cole, calificó al Cártel de Sinaloa como una organización terrorista que depende de la corrupción de funcionarios públicos para prosperar.
Por su parte, el Fiscal Jay Clayton envió un mensaje contundente: “No importa su título o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar”.
Todos los acusados residen actualmente en México. El caso ha sido asignado a la jueza federal de distrito Katherine Polk Failla en Nueva York. Aunque los cargos son acusaciones formales, representan un quiebre en la confianza institucional entre las agencias de seguridad de ambos países, justo en un momento de alta tensión por la crisis del fentanilo.
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Es importante recordar que, conforme a las leyes estadounidenses, todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en un tribunal.
¿Qué dice el gobierno de México?
Por su parte, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, emanada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), como el gobernador de Sinaloa, emitió un breve comunicado a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
En el mensaje, confirman que recibieron por parte de la Fiscalía Federal de Estados Unidos las solicitudes de detenciones provisionales contra el gobernador y sus funcionarios, con fines de extradición. Sin embargo, argumentan que no se presentaron pruebas para dichas acusaciones.
Se desconoce el impacto que tendrá en la relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico ante dichas acusaciones contra autoridades en función.
