Salud reproductiva divide a Arizona

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Al cumplirse el pasado 24 de junio el primer ano de la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular el derecho al aborto, vigente desde hacía 50 años (Roe vs Wade, 1973), se han agudizado los debates sobre la libertad, la dignidad y la salud reproductiva de las mujeres, lo que refleja la lamentable división de la población provocada en gran parte por posiciones políticas.

Impulsados por el partido Republicano, las organizaciones provida, incluyendo las iglesias de prácticamente todas las denominaciones, celebran la decisión del máximo tribunal del país, pero al mismo tiempo fustigan que el Presidente Joe Biden y mandatarios estatales como Katie Hobbs, de Arizona, promulguen órdenes ejecutivas que contravienen el dictamen dicho dictamen judicial al decidir no ejercer acción penal contra médicos y empresas que practican el aborto en aras de la libertad y salud reproductiva.

Al mismo tiempo, los políticos demócratas de todos los niveles responsabilizan a la Suprema Corte, de causar un grave retroceso legal con la derogación de la ley Roe vs Wade que legalizó el aborto hace 5 décadas.

Raquel Terán dijo ser católica, pero a favor de la libertad y la salud reproductiva y no está de acuerdo que se atente contra la libertad de las mujeres, en la foto acompañada de la legisladora Athena Salman, el congresista Rubén Gallego y Brittany Fonteno, presidente de Planned Parenthood Arizona.

No ceden

PRENSA ARIZONA recogió las reacciones de ambos bandos, mediante entrevistas a figuras públicas reconocidas en la comunidad latina de Arizona que tienen algunas cosas en común: son católicas y trabajaron para la empresa Planned Parenthood, proveedora de servicios a mujeres que deciden abortar.

Ambas dicen tener la razón y ser defensoras del derecho a la salud reproductiva de las mujeres.

Raquel Terán, ex legisladora estatal demócrata y aspirante a congresista federal declaró: “Independientemente de creencias religiosas, soy una defensora de la libertad; en este tema estoy a favor de que se respete la libertad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo y su derecho a la salud reproductiva”.

Tildó como una violación a esa libertad y hasta a la privacidad de las mujeres la derogación de la Roe vs Wade, al prohibirles decidir qué hacer en algo que es tan personal y privado.

“Es un exceso querer prohibirles que tomen una decisión que solo a ellas les corresponde, y más que en algunos estados les quiere meter a la cárcel por esa razón”, afirmó la demócrata, quien fue directora estatal en Arizona de ese instituto político.

Dijo que no permitirán que en Estados Unidos ocurra lo que en algunos países como El Salvador, donde hay mujeres encarceladas por abortar incluso de manera involuntaria.

“Me impactó mucho lo que vi en 2010 en una visita a El Salvador, donde conocí a mujeres que están presas injustamente; una de ellas se llama Sarita y tiene 9 años así porque perdió a su bebe días antes de nacer después de una caída, no queremos que cosas como eso pasen en Arizona”, enfatizó la ex legisladora.

Raquel Terán dijo ser católica, lo cual valora como una de las herencias culturales y religiosas más significativas que están a favor de la libertad y la salud reproductiva, y no está de acuerdo que se atente contra la libertad ni la privacidad de nadie, en este caso de las mujeres.

Por su parte Mayra Rodríguez, una activista provida radicada en Arizona reconocida internacionalmente como conferencista a favor de la vida, señaló que que Joe Biden a nivel nacional y la gobernadora Hobbs en Arizona “engañan a las mujeres queriendo hacerles creer que protegen su salud reproductiva, pero en realidad lo que hacen es beneficiarse del negocio del aborto”.

“Ya basta de mentiras, hipocresías y engaños, como pueden decir que protegen a las mujeres con las pastillas abortivas y otros métodos que matan sus bebés y hasta ponen en riesgo la vida de ellas”, aseveró Rodríguez, quien fue directora de una clínica abortista de Planned Parenthood, pero asegura que fue despedida después de denunciar los métodos “crueles” para esa práctica.

Dijo que en Arizona “la gobernadora (Hobbs) con su orden ejecutiva no sólo desobedece la decisión de la Corte Suprema, sino que además pretende financiar la industria del aborto, beneficiando específicamente a Planned Parenthood dandole a ganar mas dinero”.

Sobre los casos de embarazos no deseados, incluso por incesto o violación, la activista provida declaró: “Está demostrado científicamente que el aborto provocado en todos los casos causa severos danos a las mujeres, sobre todo si son niñas; abortar no es solución y mucho menos es para proteger la salud reproductiva. Hay muchos recursos como la adopción y centros de apoyo para jóvenes y niñas en esas situaciones; es irónico como ellos (pro aborto) ofrecen mas ‘apoyo’ para deshacerse del bebe inocente y no para que se castigue a un violador o al responsable de incesto”.

Sin ceder ni un ápice en sus respectivas posturas, las entrevistadas dijeron estar convencidas de lo que defienden y seguirán luchando por ello.

Orden ejecutiva

Cabe recordar que la gobernadora Katie Hobbs firmó una orden ejecutiva para quitar autoridad a los fiscales de los 15 condados del estado, de llevar a cabo enjuiciamientos relacionados con el aborto contra las mujeres y los médicos que lo practican.

Su orden cede esa autoridad a la fiscalía general del estado, para una mayor protección para el derecho al aborto en el estado.

“Firmé una Orden Ejecutiva que protege la libertad reproductiva de los arizonenses. No permitiré que los políticos extremistas y desconectados se interpongan en el camino de los derechos fundamentales de los arizonenses”, dijo en su cuenta de Twitter.

Líderes republicanos de la legislatura señalaron que iniciarán una investigación sobre la orden ejecutiva promulgada por la Gobernadora de Arizona para determinar su legalidad y en su caso, invalidarla y por su parte, la fiscal general del Condado de Maricopa, Rachel Mitchell, también fue crítica de la acción.

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