La ubicación del almacén, en el 13290 West Sweetwater Avenue, ha sido uno de los principales argumentos de la fiscal general para impugnar el proyecto de la megacárcel en Surprise. CORTESIA: Google Maps
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció a la empresa GardaWorld Federal Services, sin experiencia previa en centros de detención migratoria, para que realice la evaluación ambiental de un almacén de 418,400 pies cuadrados en Surprise, Arizona, que el gobierno federal planea convertir en un centro de procesamiento migratorio con capacidad para hasta 1,500 personas.
Esta decisión, dada a conocer en un comunicado judicial del viernes pasado, se produce en el marco de una demanda presentada en abril por la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, quien argumenta que la ubicación del inmueble, frente a una bodega de almacenamiento de materiales peligrosos, lo hace inapropiado para albergar personas detenidas.
El acuerdo alcanzado entre Mayes y el DHS, homologado por el tribunal, impide que se aloje a personas en el inmueble o que se realicen trabajos de conversión, incluyendo construcción, demolición o adecuación, hasta que se complete la evaluación ambiental exigida por la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA).
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Sin embargo, se permiten labores de mantenimiento ordinario como reparación de cercas, instalación de cámaras de seguridad y adecuación de espacios administrativos.
El DHS informó recientemente que ya obtuvo a un contratista y comenzó a trabajar en la revisión, aunque en su presentación judicial no reveló la identidad de la empresa encargada.
La elección de GardaWorld, una firma de seguridad con sede en Montreal conocida por sus servicios de vigilancia y transporte de valores, ha generado cuestionamientos debido a su falta de experiencia en el diseño, construcción u operación de instalaciones de detención.
En marzo, los representantes demócratas Adelita Grijalva, Greg Stanton y Yassamin Ansari enviaron una carta al presidente de la empresa solicitando información sobre sus capacidades, aunque nunca recibieron respuesta.
El contrato base asciende a 313.4 millones de dólares para la renovación y operación del centro, con una posible extensión hasta principios de 2029 que elevaría el monto total a más de 700 millones de dólares.
La ubicación del almacén, en el 13290 West Sweetwater Avenue, ha sido uno de los principales argumentos de la fiscal general para impugnar el proyecto.
Mayes señaló que el inmueble se encuentra frente a una bodega de la empresa Rinchem que almacena productos químicos peligrosos utilizados en la industria de semiconductores, lo que representa un riesgo para las personas que pudieran ser detenidas.
“Si esto explota, estarán encerrados en esa instalación sin posibilidad de salir”, declaró Mayes en abril.
La fiscal general también advirtió que el centro aumentaría la presión sobre los servicios de emergencia y que el consumo de agua previsto, 190,000 galones diarios para 1,500 personas, podría afectar la capacidad de los bomberos para atender un incidente en la bodega química.
El Ayuntamiento de Surprise, que en respuesta aprobó una prohibición de cinco años para centros de detención, medida inaplicable por la preeminencia federal, ha comenzado a exigir a GardaWorld el pago de 7.8 millones de dólares en concepto de infraestructura hídrica, incluyendo un nuevo pozo de agua subterránea y la expansión de la capacidad de tratamiento de arsénico
El personal del Ayuntamiento rechazó las estimaciones de la empresa y calculó que la demanda máxima diaria podría alcanzar los 380,000 galones, un 77 por ciento más de lo que GardaWorld había proyectado.
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El acuerdo alcanzado en julio no resuelve el fondo del litigio, y Mayes ha dejado claro que su oficina se reserva el derecho de impugnar la evaluación ambiental si considera que es insuficiente; mientras tanto, la apertura del centro, originalmente prevista para septiembre, ha quedado postergada por tiempo indefinido.
