Kris Mayes, fiscal de Arizona, logró un pacto temporal con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) e ICE para detener la remodelación del polémico complejo. Foto: Progress Arizona
La Fiscal General de Arizona, Kris Mayes, anunció este 1 de julio que se ha alcanzado un acuerdo decisivo con funcionarios federales que evitará, por el momento, que un edificio en la ciudad de Surprise comience a operar como un centro de detención de inmigrantes de ICE.
De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina de Mayes, el pacto alcanzado con el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tiene como objetivo pausar formalmente “los esfuerzos para convertir una propiedad de Surprise en un centro de detención de inmigrantes hasta que se complete la revisión ambiental requerida”. El acuerdo fue presentado ante los tribunales el 30 de junio.
La historia se remonta a febrero de 2026, cuando salieron a la luz los planes del DHS para transformar un enorme almacén —ubicado en la intersección de Sweetwater Avenue y Dysart Road— en un centro de detención con capacidad original para 1,500 camas.
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En su momento, las proyecciones financieras del gobierno federal revelaron la magnitud del proyecto:
- Costo de remodelación: 150 millones de dólares destinados a adaptar las instalaciones físicas.
- Costo operativo: 180 millones de dólares proyectados para operar el centro durante un periodo de tres años.
- Ingresos fiscales: Una generación estimada de aproximadamente 16 millones de dólares anuales en impuestos.
Sin embargo, el anuncio desató una fuerte polarización local. Durante las reuniones del concejo municipal, diversos miembros de la comunidad expresaron que la propuesta traería “trauma, miedo y angustia” a los vecindarios aledaños, mientras que otra facción manifestó su apoyo a la misión de las agencias de la ley para proteger al público.
En marzo de 2026, la presión de los residentes y del Concejo Municipal de Surprise obligó al gobierno federal a dialogar sobre las preocupaciones de infraestructura y seguridad. Como resultado, el DHS acordó reducir la escala de su plan original.
Demanda ambiental y el futuro de las instalaciones
La disputa legal se intensificó en abril, cuando Mayes interpuso una demanda argumentando que las agencias federales no habían completado las revisiones ambientales correspondientes. Aunque inicialmente se emitió una orden para detener el trabajo, registros en la base de datos de contratos federales mostraron más tarde que dicha orden había sido rescindida, lo que motivó la urgencia de este nuevo acuerdo vinculante.
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“Según el acuerdo, pendiente de aprobación judicial, los demandados aceptan no detener a nadie en la instalación ni tomar medidas para convertirla físicamente —incluyendo construcción, demolición o remodelación— hasta que se complete una evaluación ambiental final”, detalla el documento oficial.
Mayes aclaró que este pacto pondrá en pausa su demanda mientras se lleva a cabo el análisis ambiental, pero emitió una advertencia clara: el estado de Arizona se reserva el derecho absoluto de impugnar la validez de dicha evaluación si los resultados no cumplen con los estándares requeridos.
