Hay una polémica por los programas DEI y crisis educativa multifacética, Tom Honre se pronunció al respecto. Foto: Cortesía / Tom Horne
El superintendente de Educación Pública de Arizona, Tom Horne, desató un debate nacional al exigir que los distritos escolares eliminen programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) antes del 14 de abril o enfrenten la pérdida de fondos federales.
La directriz, emitida por el Departamento de Educación de Estados Unidos, obliga a las escuelas a certificar su adhesión a leyes de derechos civiles que, según Horne, son “incompatibles con iniciativas que dividen por raza”.
Horne, conocido por su campaña contra la Teoría Crítica de la Raza, argumenta que los programas DEI “promueven discriminación racial”, citando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles y la 14ª Enmienda.
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Sin embargo, críticos señalan que esta postura ignora disparidades históricas: en Arizona, el 48% de los estudiantes son hispanos o indígenas, grupos con tasas de graduación un 15% menores que el promedio estatal.
Organizaciones como la ACLU advierten que la medida podría afectar a 148,062 alumnos que dependen de comidas gratuitas, ahora en riesgo por recortes federales simultáneos.
La amenaza llega en un momento crítico. Dos distritos —Antelope Union High School District e Isaac Elementary School District— están bajo control estatal desde 2023 y 2025, respectivamente, tras acumular déficits millonarios. Además, el fin de los fondos COVID-19 agrava la presión: Arizona recibió $2.8 mil millones en ayuda pandémica para escuelas, de los cuales el 35% sigue sin gastarse, según datos federales. Perder más financiamiento federal, que representa el 8% del presupuesto educativo estatal, podría forzar recortes en transporte, tecnología y apoyo a estudiantes con discapacidades.
El costo político
Mientras Horne prioriza esta batalla cultural, el polémico programa de Cuentas de Becas de Empoderamiento (ESA) —que permite usar fondos públicos en escuelas privadas— consume 861 millones anuales.
Paralelamente, 48,843 votantes en Arizona —muchos de origen indígena— podrían verse excluidos de elecciones federales si se implementan requisitos de ciudadanía documentada, según el secretario de Estado Adrián Fontes.
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Distritos como Phoenix Union High School ya anunciaron que mantendrán sus programas de equidad, arriesgándose a sanciones. “Sin fondos federales, tendríamos que eliminar 200 plazas docentes”, declaró un portavoz del distrito. Mientras, la Asociación de Maestros de Arizona calificó la directriz de “ataque velado a la educación pública”, señalando que el 80% de las escuelas rurales del estado dependen de subsidios federales para mantenerse operativas.
Con el plazo del 14 de abril en el horizonte, Arizona se consolida como epicentro de una guerra cultural que trasciende la educación: un laboratorio de tensiones entre autonomía estatal, equidad y el rol del gobierno federal en tiempos polarizados.
