Katie Hobbs anunció medidas administrativas para proteger los servicios de salud destinados a personas con discapacidades del desarrollo. Foto: Cortesía /
En medio de una tensa batalla presupuestaria, la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, anunció medidas administrativas para proteger los servicios de salud destinados a personas con discapacidades del desarrollo, como autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down; las acciones, que incluyen límites horarios y mayor fiscalización en el programa Padres como Cuidadores Remunerados (PPCG, por sus siglas en inglés), buscan equilibrar el uso de fondos públicos sin recortar servicios vitales.
Sin embargo, el plan choca contra la propuesta republicana de reducir hasta un 50% el presupuesto de la División de Discapacidades del Desarrollo (DDD), lo que, según Hobbs, dejaría a miles sin atención.
Las reformas de Hobbs, diseñadas en colaboración con proveedores y familias, introducen a partir de 2025 un tope de 40 horas semanales para padres que actúan como cuidadores, evaluaciones más rigurosas para garantizar estándares de “cuidado extraordinario” y un sistema de facturación digital (EVV) para transparentar el uso de fondos.
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“Es indignante que la mayoría legislativa siga secuestrando los derechos de los más vulnerables con tácticas inhumanas”, declaró Hobbs,
La Gobernadora acusa a los republicanos de priorizar recortes “indiscriminados” en lugar de aprobar un suplemento presupuestario “limpio” para la DDD.
La crítica de Hobbs resalta una contradicción: mientras los republicanos se oponen a financiar servicios para discapacitados, históricamente han respaldado suplementos millonarios para el polémico programa de Becas de Empoderamiento (ESA), que permite usar fondos públicos para educación privada.
Bajo el exgobernador Doug Ducey (2015-2023), los suplementos a la DDD fueron rutinarios, con montos que superaron los 691 millones en 2023, no obstante, en 2024, los legisladores republicanos aprobaron 274.8 millones para ESA —cuyo costo real supera nueve veces lo proyectado— sin incluir controles, mientras rechazan un suplemento de $48.4 millones para la DDD.
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La DDD atiende a unos 40,000 arizonenses, muchos de los cuales dependen de terapias y cuidados diarios. Según el Instituto Urbano, un recorte del 50% dejaría a 3,000 personas en listas de espera, además de eliminar apoyos residenciales y ocupacionales.
“Sin estos servicios, mi hijo retrocedería”, explica María González, madre de un joven con autismo. Organizaciones como Ability Arizona respaldan las medidas de Hobbs, calificando los recortes republicanos de “ataque a la dignidad humana”.
Los republicanos defienden los suplementos a ESA como una “expansión de opciones educativas”. Sin embargo, datos del Departamento de Educación de Arizona revelan que el 75% de los beneficiarios en 2023 nunca asistieron a escuelas públicas, y que el programa —diseñado inicialmente para estudiantes de bajos ingresos— ahora cubre a familias de altos recursos.
