Salvador Reza
Phoenix, Aztlán
srza@aol.com
602.446.9928
(Donde vive el espíritu de la verdad)
La cobardía del Ayuntamiento de Phoenix frente a corporaciones codiciosas que compran parques de casas móviles y desplazan a sus residentes, me recuerda la letra de una canción de Los Tigres del Norte, ‘La Mancha del Pobre’.
“La mancha del pobre es deuda insalvable, es causa perdida y todos lo saben… El que tiene un peso, que compre un amigo, el que tiene plata los compra por kilos”.
La crisis de vivienda en Arizona ha empeorado la situación, ha llenado las calles de desamparados y los residentes de tres parques de casas móviles, después de marchar desde el Capitolio hasta el Ayuntamiento, hablaron en el Concejo Municipal durante los comentarios públicos y presentaron una solicitud ciudadana para que sus preocupaciones se incluyan en una agenda formal.
Esta petición fue rechazada con el argumento que “la ciudad no interfiere en asuntos privados”, parece ser que los miles de desamparados en la ciudad de Phoenix es asunto privado. El silencio de la alcaldesa demócrata Kate Gallego ha sido ensordecedor y aparentemente, los inversionistas, la Universidad del Gran Cañón y los especuladores, valen más que el bienestar de los residentes de bajos ingresos.
La Universidad del Gran Cañón compró cientos de acres para construir viviendas para estudiantes y desplazó a miles de personas alrededor de la Avenida 27 y Camelback Road; entre las víctimas de la expansión de GCU se encuentra Periwinkle Mobile Home Park, un terreno que ha permanecido durante décadas y algunos de los residentes, muchos ancianos, han estado viviendo allí de 20 a 30 años.
Mientras los residentes de Periwinkle tenían su última cena de Acción de Gracias, Gerald Sutter, anciano de más de 80 años fue internado, le dijeron que estaba en riesgo de sufrir un ataque al corazón, pues el estrés los está matando.
En el parque de casas móviles Las Casitas, rebautizado como ‘Beacon’ por los nuevos propietarios con sede en Colorado, los residentes firmaron contratos de 4 años y 1 año como lo exigen los estatutos de Arizona y dos semanas después, los nuevos propietarios cruelmente dieron a los residentes un aviso de 180 días para desalojar. Desde entonces, las familias han estado en una montaña rusa emocional.
Los padres se han visto obligados a buscar asesoramiento para sus hijos con psicólogos escolares, las madres y los padres trabajadores hacen malabarismos para alimentar a sus familias y buscar lugares “inaccesibles” para alquilar, pues la mayoría son dueños de su casa móvil, pero alquilan los espacios para las “trailas”. La mayoría de los parques de casas rodantes no aceptan casas antiguas, incluso aun, si se pueden mover o si hay espacio disponible.
El concejo de la Ciudad de Phoenix solicitó un informe del personal sobre la situación y el asistente de la ciudad Allen Stephenson alegó que las manos del Ayuntamiento están atadas por opiniones legales, mientras otras ciudades han creado zonificación especial para casas móviles y protegen los sitios de los especuladores.
La Corte del Noveno Circuito dictaminó en el caso de la Ciudad de Tumwater, Washington un precedente que permite a las ciudades crear dicha zonificación, pero Phoenix afirma que la ley estatal les exige compensar a los propietarios por la pérdida de valor, mientras tanto, 150 familias de tres parques de casas móviles están a punto de unirse a las listas de personas sin hogar que viven en canales y parques de la ciudad.
Tal vez la alcaldesa Kate Gallego teme hacer enojar a sus amigos inversionistas, pero el resto de los concejales tienen la obligación de proteger al pueblo que los eligió. ¿Permitirán el desalojo descarado en el nombre del desarrollo mientras miles se quedarán desamparados? Solo ellos lo pueden contestar.
