La demanda contra la orden ejecutiva del Presidente Donald Trump es encabezada por el estado de Arizona, California y Nevada. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Una coalición de 19 estados, liderada por Arizona, California y Nevada, presentó una demanda federal contra la administración Trump por una orden ejecutiva que busca imponer requisitos estrictos de ciudadanía para votar y alterar plazos de recepción de boletas postales, medidas calificadas como un “intento autoritario” por fiscales generales demócratas. La orden, firmada el 25 de marzo, exige prueba documental de ciudadanía —como pasaporte o licencias REAL ID que especifiquen nacionalidad— para registrarse, una medida que afectaría a 21 millones de adultos sin acceso fácil a estos documentos, según grupos de derechos electorales.
La demanda, presentada en Massachusetts, argumenta que Trump excedió su autoridad al intentar reescribir leyes electorales estatales, ya que la Constitución otorga a los estados y al Congreso —no al presidente— la potestad de regular elecciones.
“Si Trump quería hacer leyes, debió postularse al Congreso”, declaró el secretario de Estado de Arizona, Adrián Fontes.
También criticó la inclusión de agencias privadas como DOGE, dirigida por Elon Musk, en el manejo de datos electorales: “No quiero incompetentes federales llevándose nuestros registros”.
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Aunque Arizona ya exige prueba de ciudadanía para votar en elecciones estatales, la orden federal invalidaría documentos aceptados localmente, como copias de actas de nacimiento o identificaciones tribales, afectando a comunidades nativas y a 48,843 votantes registrados solo para elecciones federales.
“Es un ataque a los derechos de los estudiantes, personas sin hogar y votantes indígenas”, señaló la fiscal genera de Arizona, Kris Mayes.
La orden también prohíbe contar boletas postales recibidas después del día de la elección, incluso si tienen matasellos previo, una práctica permitida en 18 estados. En Arizona, esto podría limitar el proceso de “curación” de firmas, que permite corregir errores hasta cinco días después, crucial en elecciones cerradas como la de 2020, ganada por Biden con solo 10,457 votos de diferencia. Además, amenaza con retener fondos federales a estados que no cumplan, algo que la demanda considera una violación al federalismo.
Esta es la cuarta demanda contra la orden, sumándose a litigios de grupos civiles y comités demócratas en Washington D.C., consolidados ante la jueza Colleen Kollar-Kotelly. Los republicanos, mientras, defienden la medida como necesaria para evitar “fraude”, pese a que investigaciones históricas muestran que votos ilegales son excepcionales (menos de 0.0001% en elecciones recientes).
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Rob Bonta, fiscal general de California, tildó la orden de “intento ilegal de desempoderar votantes”, mientras Kris Mayes, de Arizona, advirtió: “No permitiré que un aspirante a rey pisotee nuestra soberanía”.
Si se implementa, estados tendrían que reemplazar sistemas electorales a un costo millonario y enfrentar desconfianza en comunidades marginadas. Para Fontes, centralizar datos en agencias federales debilita la seguridad: “La descentralización es nuestra fortaleza contra interferencias extranjeras”. El caso podría definir límites al poder ejecutivo y el futuro de las elecciones en Estados Unidos, en un año marcado por batallas legales y retórica polarizante.
