Organizaciones señalan su apoyo a veteranos de guerra en proceso de deportación, como le sucedió a José Barco, condecorado. Foto: Oscar Ramos / Prensa Arizona
Días después de la deportación de un veterano condecorado con el Corazón Púrpura desde un centro de detención en Florence, veteranos y defensores se congregaron en el Capitolio de Arizona para realizar lo que llamaron el “Rally de las Rosas”.
Durante la conferencia hablaron Melissa Cordero. de Common Defense; Martin Quezada;la concejal del Distrito 7 de Phoenix, Anna Hernández, Raquel Terán de ProgressArizona y la legisladora estatal Quantá Crews.
Michelle Byrd, quien sirvió dos décadas en la Fuerza Aérea con seis despliegues, criticó las deportaciones como una falta de respeto: “Es la bofetada definitiva, y deberíamos avergonzarnos de permitir que ocurra”, declaró con evidente frustración.
Añadió que “ellos defendieron este país, alzaron la mano y juraron defender la Constitución”; luego regresan a casa y les decimos “‘gracias por su servicio, ahora váyase'”, considerando esta situación como profundamente incorrecta.
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El incremento en la actividad migratoria responde a la promesa de deportaciones masivas de Trump, afectando a miembros no ciudadanos del servicio militar; quienes antes contaban con protecciones limitadas durante administraciones anteriores.
Bajo el gobierno de Biden se creó la Iniciativa para Miembros Militares y Veteranos Inmigrantes, pero en abril Trump reemplazó estas directrices, estableciendo que el servicio militar no exime “automáticamente a los extranjeros de las consecuencias de violar las leyes migratorias estadounidenses”.
Las estimaciones legislativas proyectan que hasta 10,000 veteranos fueron expulsados entre enero y junio, según una carta al Departamento de Seguridad Nacional.
Entre los casos documentados en Arizona está Marlon Parris, veterano de Irak nacido en Trinidad y también José Barco, receptor del Corazón Púrpura nacido en Venezuela, deportado a México tras diez meses de detención a pesar de haber servido a su país de adopción en circunstancias particularmente difíciles y complejas.
Mike Olivas, veterano de Vietnam, argumentó que estos inmigrantes merecen un trato diferenciado por su sacrificio: “Deberían estar en un nivel diferente, lucharon por su país e hicieron más que mucha gente”, expresó durante la manifestación.
Chris Hill, de Common Defense, señaló problemas en los procesos de naturalización que recaen sobre los militares: “Necesitamos codificar una práctica donde el Departamento de Defensa asegure la ciudadanía durante el servicio activo”, exigió como solución concreta e inmediata.
La naturalización mediante servicio militar ofrece un camino acelerado, pero las estadísticas muestran un rezago preocupante; en 2022 solo 10,690 naturalizaciones militares fueron aprobadas, frente a 16.2 millones de veteranos inmigrantes potencialmente elegibles.
La situación se complica porque un tercio de los veteranos reportan arrestos, comparado con un quinto de no veteranos, debido frecuentemente a trastorno de estrés postraumático, lesiones cerebrales traumáticas o abuso de sustancias documentado.
Hill argumentó que los antecedentes penales no deben ser el único determinante para la expulsión: “Estos son soldados que desplegaron en situaciones muy estresantes, frecuentemente fueron heridos”, explicó sobre su vulnerabilidad.
Jojo Sweatt, directora de Common Defense, hizo un llamado contundente a la repatriación de todos los veteranos deportados: “Necesitamos repatriar a cualquier veterano que haya sido exiliado, porque sirvieron a este país”, afirmó con determinación y emoción.
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Los participantes en la conferencia coincidieron en que el gobierno debe asumir su responsabilidad histórica con estos veteranos, protegiendo a quienes defendieron la nación estadounidense, independientemente de su origen migratorio o circunstancias personales posteriores.
La deportación de veteranos inmigrantes sigue generando un intenso debate sobre la lealtad, el servicio y la deuda moral con quienes vistieron el uniforme militar.
