El proyecto legislativo responde a la creciente amenaza de los deepfakes en el ámbito electoral y la explotación infantil. CORTESIA: Freepik
Se pretende etiquetar contenido y combatir deepfakes en Arizona
La iniciativa SB 1786, presentada por el presidente del Senado, Warren Petersen, exigiría que las empresas que ofrecen herramientas de inteligencia artificial en Arizona incorporen una “etiqueta digital invisible” en todo contenido generado o alterado por sus sistemas, para un estándar de transparencia y proteger a votantes, niños y consumidores sin añadir burocracia ni costos para los contribuyentes.
El proyecto que será evaluado en los próximos días por el Comité de Innovación e Inteligencia Artificial de la Cámara de Representantes, responde a la creciente amenaza de los deepfakes en el ámbito electoral y la explotación infantil.
Te puede interesar: Citan congresistas a la fiscal general Pam Bondi por su manejo de los archivos Epstein
La propuesta se alinea con las mejores prácticas federales desarrolladas bajo la Iniciativa Nacional de Inteligencia Artificial, con la guía del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Energía.
“Los conservadores no temen a la innovación, la lideramos”, declaró Petersen al presentar la iniciativa, subrayando que “los deepfakes están siendo utilizados para engañar a los votantes, explotar a niños y defraudar a consumidores”.
¡Únete a nuestro canal de WhatsApp! Entérate primero que nadie de las noticias
La legislación establece una línea clara: si la inteligencia artificial crea o modifica sustancialmente contenido, el público merece saberlo, distinguiendo entre alteraciones significativas y ediciones rutinarias como ajustes de tamaño o color.
Arizona se ha posicionado como pionera en la regulación de la inteligencia artificial, siendo apenas el tercer estado en formar un comité legislativo dedicado exclusivamente a estos temas.
Desde enero de 2026, el estado también actualizó las reglas éticas para abogados, añadiendo un deber de investigación razonable cuando se sospeche que la evidencia ha sido alterada con intención de engañar a los tribunales.












