Juez federal desestima demanda para ceder base de datos al gobierno federal, por lo que representa un triunfo para los votantes de Arizona. Foto: Facebook Adrian Fontes
La juez federal Susan Brnovich desestimó, con perjuicio, la demanda del Departamento de Justicia contra Arizona para obtener su base de datos completa de inscripción de votantes.
El fallo impide que el gobierno vuelva a presentar la acción, y convierte al estado en el sexto en obtener una victoria judicial idéntica frente a la misma pretensión.
La fiscal general Kris Mayes y el secretario de Estado Adrián Fontes emitieron un comunicado conjunto en el que celebraron la decisión: “Hoy, la jueza Susan Brnovich desestimó acertadamente la demanda de la administración Trump que exigía a Arizona entregar sus listas estatales de inscripción de votantes al gobierno federal.
Esa base de datos contiene la información personal confidencial de millones de votantes de Arizona: domicilios, fechas de nacimiento y números de Seguro Social y licencia de conducir. Pero el Tribunal fue claro: el Título III de la Ley de Derechos Civiles no autoriza esta exigencia. Este es ya el sexto tribunal federal que llega a la misma conclusión.
Arizona actuó correctamente al rechazar esta solicitud, y la decisión de hoy reivindica esa postura. Nuestras oficinas seguirán defendiendo la privacidad de los votantes de Arizona frente a la extralimitación federal”.
La magistrada, nominada al tribunal en 2018 por el propio presidente Donald Trump, concluyó que la lista estatal de votantes no es un registro que el estado deba conservar y entregar al gobierno federal bajo la Ley de Derechos Civiles, porque esa base de datos es creada por los funcionarios electorales locales.
Brnovich señaló que la exigencia del Departamento de Justicia crearía un conflicto interno en la legislación electoral federal, y escribió: “Incluso si (la Ley de Derechos Civiles) incluye un número categóricamente ‘amplio’ de documentos… no es ilimitada”.
La demanda se originó después de que Fontes se negara en varias ocasiones a entregar el padrón completo, argumentando que las leyes estatales y federales de privacidad se lo impedían.
La primera solicitud del Departamento de Justicia data de julio de 2025, y en enero de 2026 el gobierno demandó formalmente.
Mientras la administración enmarcaba el requerimiento en los 50 estados como un esfuerzo para verificar el cumplimiento de las leyes electorales, críticos y organizaciones de derechos civiles sostienen que el verdadero objetivo es construir una base de datos nacional para identificar a inmigrantes indocumentados.
En marzo pasado, un abogado del Departamento de Justicia admitió ante un tribunal de Rhode Island que la información de votantes recabada se está compartiendo con el Departamento de Seguridad Nacional, precisamente para que este revise los padrones en busca de ciudadanos no naturalizados.
Trump ha afirmado repetidamente, sin pruebas, que millones de indocumentados votan, una teoría que ya intentó demostrar sin éxito durante su primer mandato. Múltiples estudios han concluido que el voto de no ciudadanos es extremadamente raro y no afecta el resultado de las elecciones; Arizona, además, exige prueba de ciudadanía desde 2004.
La decisión de Brnovich se suma a las desestimaciones previas en California, Massachusetts, Michigan, Oregón y Rhode Island, en las que otros jueces federales concluyeron que las disposiciones electorales del Título III no alcanzan a las bases de datos estatales de votantes.
El fallo de Arizona, al haberse dictado con perjuicio, cierra definitivamente la vía judicial para que el gobierno federal pueda reclamar esos datos en este estado.
Mayes y Fontes reiteraron que su compromiso es proteger la privacidad de los ciudadanos y la integridad del sistema electoral frente a lo que califican de extralimitación federal.
La desestimación supone un nuevo revés para la ofensiva del Departamento de Justicia, que acumula derrotas judiciales uniformes en todo el país mientras la administración Trump insiste en una narrativa de fraude electoral que los tribunales no han respaldado.
