Mientras los republicanos celebran que se limite el uso de criterios raciales, el ala liberal de la Corte advierte que esta decisión “demuele” protecciones históricas. Foto: Facebook Maricopa County Elections
La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el alcance de la Sección 2 de la Ley de Derechos Electorales (VRA), una de las protecciones clave contra la discriminación racial en las urnas. La votación se dio 6-3, con una mayoría conservadora, lo que representa un golpe a las minorías y debilita la ley del voto.
Dicha sentencia surge del caso Luisiana v. Callais, que desafiaba la legalidad de dos distritos con mayoría de población afroamericana en dicho estado. La mayoría conservadora de la Corte determinó que el uso del factor racial para diseñar los mapas fue injustificado.
Dicha decisión genera incertidumbre sobre si este trazado en los distritos podrá utilizarse en las elecciones de este año.
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El juez Samuel Alito, redactor de la opinión mayoritaria, argumentó que las pruebas de disparidad racial en mapas anteriores eran demasiado débiles para justificar el uso deliberado de la raza en el nuevo diseño.
“Debido a que la Ley de Derechos Electorales no exigía que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría-minoría, ningún interés apremiante justificó el uso de la raza por parte del Estado”, escribió Alito, calificando el mapa como un “gerrymander” inconstitucional.
Un golpe a las protecciones históricas
Durante décadas, la Sección 2 de la VRA se interpretó como una herramienta que permitía, y a veces exigía, el uso de datos conscientes de la raza en la redistribución de distritos para proteger el poder de voto de las minorías.
Sin embargo, el nuevo fallo establece que las circunstancias del pasado deben generar una “fuerte inferencia de discriminación racial” para justificar tales medidas, elevando el estándar de prueba necesario.
Este fallo revierte el espíritu de la enmienda de 1982 del Congreso, la cual estableció una “prueba de efectos” para permitir remedios legales cuando los mapas diluyeran el poder de voto de las minorías, sin necesidad de probar una intención discriminatoria explícita por parte de los funcionarios.
Ala liberal emite postura
La jueza Elena Kagan, acompañada por los otros dos jueces liberales, expresó un desacuerdo profundo, leyendo parte de su disenso en voz alta desde el estrado. Kagan acusó a la mayoría de “eviscerar la ley” y llevar a cabo la “demolición de la Ley de Derechos Electorales”.
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“Bajo la nueva visión de la Corte… un Estado puede, sin consecuencias legales, diluir sistemáticamente el poder de voto de los ciudadanos minoritarios”, advirtió la jueza.
