La concejal Anna Hernández y sus aliados afirman que la norma criminaliza a indigentes. CORTESIA: Councilwoman Anna Hernández
La concejal del Distrito 7 de Phoenix, Anna Hernández, encabezó una conferencia de prensa en el Civic Space Park para exigir al Concejo Municipal que rechace la ordenanza G-7467, conocida como Ley de Tratamiento Médico Seguro en Parques.
La norma, cuya votación estaba prevista al cierre de la edición, buscaba restringir la atención médica y la distribución de alimentos en los espacios públicos de la ciudad.
Junto a una coalición de organizaciones comunitarias, Semillas Arizona, el Centro Nacional de Leyes sobre Personas sin Hogar, Valle del Sol, la Alianza de Recuperación del Suroeste, Chispa Arizona y Black Lives Matter Phoenix Metro, entre otras, la edil denunció que la propuesta carecía de un proceso de participación significativo y ponía en riesgo a los proveedores de servicios que atienden a las personas sin hogar.
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Los convocantes advirtieron que la iniciativa obligaría a los profesionales de la salud y a los trabajadores de alcance comunitario a elegir entre brindar atención y exponerse a sanciones penales.
Los críticos de la ordenanza señalaron que su aplicación costaría 379 mil dólares, destinados a financiar un puesto dedicado exclusivamente a vigilar su cumplimiento.
En lugar de invertir en servicios de apoyo, denunciaron, el presupuesto municipal se destinaría a supervisar y restringir las labores de cuidado comunitario.
La concejal Hernández y sus aliados insistieron en que la norma criminalizaba “la compasión sin datos suficientes que demuestren su eficacia” y socavaba la continuidad de los tratamientos y la confianza de los pacientes.
Los opositores subrayaron que la ciudad no había involucrado de manera equitativa a los proveedores de servicios ni a las personas directamente afectadas, y que la medida agravaría las enfermedades prevenibles, las lesiones y las sobredosis al levantar barreras para la atención médica esencial en los parques.
“En lugar de abordar las causas profundas como la inestabilidad de la vivienda, las brechas en la atención de salud mental, la falta de recursos para adicciones y la inseguridad alimentaria, el Concejo optaba por una solución punitiva que profundizaría la crisis humanitaria”, afirmaron.
En un contexto en que 400 mil arizonenses acababan de perder el acceso a los beneficios del programa de asistencia alimentaria SNAP, los defensores de los derechos de las personas sin hogar calificaron la ordenanza como “un gasto innecesario que desviaba fondos de las verdaderas soluciones”.
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La votación del 6 de mayo, advirtieron, definiría si Phoenix decidía tratar a sus residentes más vulnerables con servicios o con sanciones.
