La familia de Christian Díaz pide a Fiscal de Arizona tomar el caso con el fin de obtener justicia ante su muerte en manos de un oficial de Phoenix. Foto: FOTO: Oscar Ramos / Prensa Arizona
El abogado David Chami, representante legal de la familia de Christian Díaz Rendón, denunció que la fiscal del condado de Maricopa, Rachel Mitchell, está “protegiendo al oficial” Jason Valenzuela en lugar de buscar justicia, al tiempo que solicitó formalmente a la fiscal general Kris Mayes intervenir en el caso y presentar cargos penales contra el agente.
Las declaraciones se produjeron durante una multitudinaria rueda de prensa celebrada frente al Ayuntamiento de Phoenix, donde decenas de personas se congregaron con pancartas y consignas para exigir que el agente que disparó y mató por error al padre de familia hispano rinda cuentas ante la justicia.
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Chami argumentó que existe un “claro conflicto de intereses entre la oficina de la fiscal del condado y el Departamento de Policía de Phoenix”, lo que a su juicio vicia de raíz cualquier decisión que Mitchell pueda adoptar.
“Lo que creemos es que hay un claro conflicto de intereses entre la oficina de la fiscal del condado y el Departamento de Policía de Phoenix”, sentenció el letrado.
La petición de intervención de la fiscal general Mayes se fundamenta en la premisa de que Mitchell trabaja de manera estrecha y cotidiana con la misma corporación policial cuyos agentes se encarga de investigar.
Mariana González, viuda de Díaz Rendón, rompió el silencio con un testimonio desgarrador en el que acusó directamente al agente Valenzuela de haber “asesinado” a su pareja mientras esta defendía a su familia de un intruso armado.
“El oficial Jason Valenzuela disparó su arma desde el medio de la calle hacia nuestra casa con la intención de matar a Christian sin siquiera saber quién era esa persona. era mi mejor amigo, mi compañero. Me lo mató instantáneamente delante de su familia”, declaró.
González también pidió a Mitchell que reconsidere su decisión y no impute al intruso Edgar García por la muerte de su esposo; “no agraven esta injusticia con otra injusticia”, imploró.
La indignación de la familia se enmarca en un patrón mucho más amplio de violencia policial que la organización comunitaria Poder en Acción lleva años documentando, entre 2013 y 2026 la policía de Phoenix ha matado a aproximadamente 190 personas, una cifra que sitúa a la corporación como una de las más letales del país.
“La policía de Phoenix ha sido durante mucho tiempo tristemente célebre por ser la fuerza policial más mortífera del país”, declaró Ben Laughlin, codirector de Poder en Acción, quien recordó que el Departamento de Justicia llegó a investigar al cuerpo por “racismo, acoso a personas sin hogar y uso excesivo de la fuerza”.
El pasado 30 de abril, la fiscal Mitchell anunció que no presentaría cargos contra el agente Jason Valenzuela al considerar que el agente “creía razonablemente que existía un peligro inminente para otros” y que, con base en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, su actuación estaba amparada por la doctrina de la inmunidad cualificada.
Mitchell calificó de “heroicas” las acciones de Díaz Rendón, pero sostuvo que el estándar de “probabilidad razonable de condena” no se cumplía en este caso.
Chami replicó que ese estándar se incumple precisamente porque la propia fiscalía lo hace imposible al negarse de antemano a procesar a los agentes.
“El oficial Valenzuela no es un civil, así que el nivel de exigencia para él es aún mayor. Está especialmente entrenado para evaluar situaciones y extremar el cuidado antes de usar la fuerza letal. Fracasó en cumplir con ese estándar. De hecho, fracasó estrepitosamente”, declaró.
La familia ha presentado una reclamación formal de 25 millones de dólares contra la ciudad de Phoenix y el oficial Valenzuela, paso previo a una demanda civil que ya está en preparación.
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La fiscal general Mayes, no se ha pronunciado todavía sobre si su oficina asumirá la revisión del caso; su portavoz se limitó a confirmar que la solicitud ha sido recibida y está siendo evaluada por el equipo jurídico de la Fiscalía General.
