Acuerdo blinda a Trump ante el IRS y crean además fondo de compensación para presuntas víctimas de persecución política. Foto: Cortesía / White House
El Departamento de Justicia de Estados Unidos selló un blindaje fiscal sin precedentes para el presidente Donald Trump, su familia y sus empresas, al incluir en un acuerdo judicial una cláusula que prohíbe de por vida al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) realizar cualquier reclamación o auditoría por impuestos no pagados que pudieran pesar sobre el exmandatario o sus allegados.
La medida, contenida en una adenda de una sola página firmada por el fiscal general interino Todd Blanche apenas un día después de que se anunciara un multimillonario fondo de compensación para presuntas víctimas de persecución política, ha sido calificada por la oposición como el mayor escudo de impunidad jamás concedido a un presidente en activo, mientras se revela que decenas de los insurrectos del asalto al Capitolio indultados por Trump han reincidido en delitos que incluyen abusos sexuales a menores.
El acuerdo original establecía un fondo de 1,776 millones de dólares denominado “Fondo Anti-Arma” (Anti-Weaponization Fund) destinado a compensar a quienes, según Blanche, fueron “víctimas de la instrumentalización de la justicia y de la aplicación selectiva de la ley” durante el gobierno de Joe Biden.
El monto procede de un fondo permanente de sentencias que la Ley de Asignaciones permite al Departamento de Justicia utilizar sin autorización adicional del Congreso, y será administrado por una comisión de cinco personas que procesará las solicitudes hasta diciembre de 2028, apenas un mes antes de que expire el mandato de Trump.
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Los legisladores demócratas denunciaron de inmediato la creación de lo que consideran un “fondo de sobornos” para los partidarios del presidente, incluidos los condenados por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Sin embargo, fue la adenda firmada por Blanche este martes, y que no lleva la firma de ningún representante del IRS ni de los abogados del presidente la que provocó una tormenta política.
El documento establece que el IRS queda “para siempre excluido e impedido” de iniciar “exámenes” contra Trump, “individuos relacionados o afiliados”, y los fideicomisos y empresas vinculados a ellos, en relación con las declaraciones de impuestos presentadas antes de la fecha del acuerdo.
La cláusula supone la cancelación definitiva de cualquier litigio fiscal pendiente contra el exmandatario, quien ha afirmado repetidamente que sus declaraciones estaban sujetas a auditorías prolongadas.
El propio Blanche, que pasó más de dos horas testificando el martes ante un subcomité de Asignaciones del Senado, no fue preguntado sobre el impacto de este acuerdo en las cuentas tributarias del presidente.
El pacto surge apenas dos semanas después de que la jueza federal Kathleen M. Williams, designada por Barack Obama, pusiera en duda la viabilidad de la demanda interpuesta por Trump contra el IRS por la filtración de sus declaraciones fiscales, al señalar que el presidente era a la vez demandante y demandado, y que no existía un caso o controversia real que la Constitución permitiera.
La magistrada había ordenado a ambas partes que presentaran argumentos jurídicos formales y llegó a designar a abogados externos para que la asesoraran sobre el asunto. Horas antes de que venciera el plazo, los abogados de Trump presentaron una moción de desistimiento voluntario, que no requiere aprobación judicial en una etapa tan temprana del litigio.
Insurrectos y reincidentes
El costo político del fondo de compensación es igualmente explosivo. Según la Asociación de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW, por sus siglas en inglés), al menos 33 insurrectos indultados por Trump han sido arrestados nuevamente, imputados o condenados por delitos cometidos después del 6 de enero de 2021, una lista que no ha dejado de crecer.
Entre los casos más estremecedores figura el de Andrew Paul Johnson, quien se autodenominó “terrorista estadounidense” durante el asalto al Capitolio y fue condenado recientemente a cadena perpetua por abusar sexualmente de dos menores.
Según los fiscales, Johnson intentó sobornar a una de las víctimas para que guardara silencio utilizando el dinero que esperaba recibir del fondo de compensación para los asaltantes del Capitolio.
La lista de reincidentes incluye también a David Daniel, otro indultado que admitió haber agredido a agentes de policía durante el motín y que posteriormente llegó a un acuerdo judicial por presuntamente haber incitado a un niño menor de doce años a mantener conductas sexualmente explícitas para grabar un video.
Daniel Tocci fue sentenciado tras hallarse en su poder más de cien mil imágenes y videos de abuso sexual infantil.
Ryan Nichols, quien golpeó a policías con una lata de gas pimienta durante el asalto al Capitolio, fue detenido el 10 de mayo en Texas después de seguir a un hombre y a su familia por el estacionamiento de una iglesia mientras colocaba la mano en la empuñadura de un arma.
Zachary Alam, condenado por destrozar el panel de la puerta donde Ashli Babbitt recibió un disparo, ha sido declarado culpable de robo y hurto mayor en Virginia.
Bryan Betancur, un supremacista blanco confeso, fue arrestado por agredir a una pasajera en el metro de Washington y posteriormente acusado de acechar a una periodista.
Christopher P. Moynihan se declaró culpable de amenazar de muerte al líder de la minoría de la Cámara, Hakeem Jeffries.
Y Matthew Huttle, otro indultado, fue abatido por un agente de policía apenas seis días después del perdón presidencial durante una parada de tráfico en la que blandió un arma cargada.
La oposición demócrata ha denunciado que el fondo de 1,776 millones de dólares constituye una “corrupción con esteroides”, en palabras de la senadora Elizabeth Warren, mientras que el legislador Jamie Raskin, principal demócrata en el Comité Judicial de la Cámara, lo calificó de “fraude puro y robo a mano armada”.
El portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, replicó que “el peso ligero Jamie Raskin es la idea que una persona estúpida tiene de una persona inteligente”.
Mientras tanto, el fiscal general interino Blanche defendió el acuerdo asegurando que “la maquinaria del gobierno nunca debe ser utilizada como arma contra ningún estadounidense”.
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La adenda fiscal, sin embargo, no ha sido explicada públicamente por el Departamento de Justicia, que no respondió a las solicitudes de comentarios sobre por qué el blindaje fiscal no se incluyó en el pacto original y por qué no lleva las firmas de las mismas personas que sellaron el acuerdo del lunes.
Con un presidente que ha logrado blindarse a sí mismo y a su familia de cualquier escrutinio tributario, un fondo multimillonario para compensar a sus partidarios, y una creciente lista de insurrectos indultados que vuelven a delinquir, la ecuación de poder que Trump ha construido en su segundo mandato parece cada vez más diseñada para garantizar impunidad y recompensa a sus aliados, mientras las consecuencias de aquellas decisiones recaen, una vez más, sobre las víctimas y los contribuyentes.
