USCIS empuja a los solicitantes de residencia permanente (green card) a tramitar fuera del país, expertos explican las repercusiones. FOTO: Ilustrativa / Google Gemini
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emitió recientemente un memorando que redefine el ajuste de estatus migratorio como un beneficio “extraordinario” y discrecional, empujando a los solicitantes de residencia permanente (green card) a tramitarla fuera del país.
Las abogadas Ayensa Millán y Emilia Bañuelos advirtieron que la medida, dada a conocer en Washington D.C., representa un nuevo intento de la administración Trump de sembrar miedo y obstaculizar la estadía legal, al imponer mayores cargas probatorias y facultar a los oficiales para negar con mayor facilidad las solicitudes presentadas desde territorio estadounidense.
“Con este nuevo memorando, USCIS está diciendo que el ajuste de estatus, solicitar la residencia permanente desde dentro de Estados Unidos, debe ser tratado como un beneficio ‘extraordinario’ y discrecional, en lugar de la vía normal”, afirmó Millán, del CIMA Law Group.
Te puede interesar: Caso Karlangas valida denuncias por detenciones de ‘dreamers’
La abogada detalló que se instruye a los oficiales para examinar con mayor rigor si los solicitantes deben, en cambio, tramitar sus visas de inmigrante en el extranjero a través de un consulado, lo cual desplaza la carga de la prueba hacia el peticionario y amplía la posibilidad de demoras o negativas.
Millán precisó que esto afectará principalmente a quienes ingresaron al país de manera legal y ahora buscan la residencia, sobre todo mediante peticiones familiares presentadas por cónyuges o hijos.
“Creo que es otro intento de la administración de asustar a la gente para que no busque un estatus legal o incluso abandone el país; recomiendo encarecidamente evaluar cada caso con un abogado antes de tomar cualquier decisión”, subrayó, al tiempo que recordó que el memorando no elimina el ajuste, pero lo vuelve más difícil en un contexto donde, dijo, esta administración ha endurecido cada aspecto migratorio.
En la misma línea, la abogada y activista Emilia Bañuelos señaló que “es importante saber que esto no es un cambio de ley ni de regulación, solo es un cambio de política de USCIS; no hubo aviso previo ni fechas de inicio, al punto que ni los oficiales sabían de qué se trata”.
Bañuelos sostuvo que la administración sabe que con solo anunciar cambios causa pánico y miedo, y que la discrecionalidad siempre ha existido en estos procesos, aunque ahora está formalizada por escrito, lo que obligará a las familias a presentar más documentación y enfrentar trámites más lentos y un probable aumento de negativas.
“Este memorándum no es ley y está directamente en contra de la ley de inmigración y de los procesos de los últimos 40 años; creo que en semanas o incluso días una corte lo declarará ilegal y pondrá un paro judicial”, agregó Bañuelos.
La letrada advirtió que el verdadero propósito es asustar a la gente para que no presente su solicitud por miedo a la deportación o para que opte por salir voluntariamente del país, y recalcó que la vía consular no es viable para muchos debido a castigos, necesidad de perdones y la pausa migratoria vigente para más de 75 países.
¿Qué dice el memorando?
El memorando PM-602-0199 instruye a los oficiales a considerar todos los factores pertinentes, incluyendo antecedentes de violación de estatus, permanencia más allá del periodo autorizado o cualquier indicio de fraude, y a determinar si la aprobación de la solicitud de ajuste de estatus responde al “mejor interés de Estados Unidos”.
Zach Kahler, portavoz de USCIS, defendió la directriz: “Los no inmigrantes, como estudiantes, trabajadores temporales o turistas, vienen a Estados Unidos por un tiempo corto y con un propósito específico; nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita. Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de la Green Card”.
La nueva política impacta a un universo amplísimo. El exfuncionario de USCIS Doug Rand estimó que cada año alrededor de un millón de personas solicitan la residencia permanente y aproximadamente la mitad lo hacen desde dentro del país mediante el ajuste de estatus; todos ellos, incluidos titulares de visas H-1B, L-1, F-1 y B-2, podrían verse forzados a salir para completar el trámite consular, con el agravante de los enormes retrasos en países como India y la imposibilidad práctica en naciones sin representación consular operativa, como Rusia.
La medida ha provocado fuertes reacciones. El grupo FWD.us advirtió que la política “creará caos e impondrá costos masivos a inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante muchos años”.
Al cierre de la edición, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes ya habían interpuesto al menos dos demandas federales que impugnan la legalidad del memorando, según reportó la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración.
Recibe alertas de última hora directo en tu celular. ¡Únete a nuestro canal exclusivo de WhatsApp
Los recursos argumentan que la directriz contradice la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que nunca calificó el ajuste de estatus como un recurso “extraordinario”, y que desvirtúa décadas de práctica administrativa consolidada.
La nueva directriz se suma a otras acciones restrictivas de la administración Trump, como la suspensión de ciertos programas de libertad condicional humanitaria y el incremento de detenciones, y, de no ser suspendida judicialmente, obligará a los solicitantes a preparar expedientes con evidencia mucho más robusta mientras crece la incertidumbre entre las comunidades migrantes.
