La fiscal Kris Mayes sostuvo que esta conducta constituye una “fijación de precios a la antigua con nueva tecnología”. CORTESIA: Arizona Attorney General’s Office
Varias empresas serían coautoras de una práctica que califica de colusión ilegal
La fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda contra MultiPlan y varias de las mayores aseguradoras de salud del país, a las que acusa de operar un sistema de fijación de precios mediante un algoritmo compartido que redujo artificialmente los pagos a médicos y hospitales, y elevó los costos de bolsillo de los pacientes.
La acción judicial, radicada en una corte estatal, señala a Aetna, Cigna, UnitedHealthcare, Humana, Elevance, Molina, Centene y Health Care Service Corp. como coautoras de una práctica que califica de colusión ilegal.
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Según la demanda, las aseguradoras delegaron en MultiPlan la decisión sobre cuánto pagar por la atención fuera de la red de proveedores, utilizando un único algoritmo que se alimentaba de datos confidenciales de reclamaciones que las propias compañías compartían entre sí.
En lugar de competir, las firmas habrían adoptado las recomendaciones de pago restrictivas del sistema, lo que deprimió aún más las tarifas con el tiempo y eliminó la negociación individual.
La fiscal Mayes sostuvo que esta conducta constituye una “fijación de precios a la antigua con nueva tecnología”.
“MultiPlan y las principales aseguradoras de Arizona conspiraron presuntamente para mantener bajos los pagos a los proveedores en un esquema para aumentar sus márgenes de ganancia”, declaró Mayes.
“Al usar un algoritmo compartido para fijar los pagos, estas empresas perjudicaron tanto a médicos como a pacientes: elevaron el riesgo de que los pacientes pagaran más de su bolsillo, privaron a los proveedores de un pago justo y dificultaron que los arizonenses recibieran la atención que necesitaban”, agregó.
El mecanismo descrito en la querella detalla que MultiPlan cobraba a las aseguradoras un porcentaje del dinero “ahorrado” al reducir los pagos a los prestadores de servicios, mientras que las aseguradoras facturaban a los empleadores comisiones por esos mismos ahorros.
Los médicos que intentaban negociar se topaban con empleados de MultiPlan cuyos bonos estaban atados a mantener bajos los reembolsos, y que empleaban tácticas de presión para que aceptaran las tarifas.
La demanda alega violaciones a la Ley Uniforme de Antimonopolio de Arizona y a la Ley de Fraude al Consumidor y la demanda de Arizona se suma a un creciente escrutinio nacional sobre las prácticas de MultiPlan.
En 2025, la Comisión Federal de Comercio inició una investigación sobre el uso de algoritmos para fijar precios en el sector salud, y varios bufetes de abogados han presentado demandas colectivas en otros estados por hechos similares.
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Un informe de la Asociación Médica Estadounidense de ese mismo año advirtió que la dependencia de herramientas de fijación de precios opacas estaba reduciendo los ingresos de consultorios rurales y clínicas de salud mental en todo el país.
La fiscal Mayes solicita al tribunal una orden judicial permanente que ponga fin al esquema, la devolución del dinero a pacientes, proveedores y empleadores perjudicados, la entrega de las ganancias obtenidas mediante la conducta ilegal y la imposición de multas civiles.
El caso podría sentar un precedente sobre la legalidad de los algoritmos compartidos en el mercado de seguros de salud y reabrir el debate sobre la transparencia en los reembolsos fuera de la red.
