La Corte Suprema de los Estados Unidos amplió el poder de los agentes fronterizos sobre los residentes permanentes (green card). CORTESIA: Google Gemini
En una sola jornada, tres decisiones del poder judicial y una propuesta del Ejecutivo reconfiguraron el terreno migratorio estadounidense, evidenciando lo que analistas y organizaciones defensoras califican ya como una “guerra a la inmigración legal”.
La Corte Suprema amplió el poder de los agentes fronterizos sobre los residentes permanentes; una Corte de Apelaciones dio luz verde a las deportaciones exprés sin audiencia judicial, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) anunció un aumento del 75 por ciento en el costo del trámite de naturalización.
Vistas en conjunto, estas medidas dibujan una estrategia coherente: dificultar la inmigración legal, acelerar la expulsión de los indocumentados y reducir el acceso a la ciudadanía, coinciden especialistas en inmigración.
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Golpe a los residentes permanentes
El primer golpe lo asestó la Corte Suprema con el fallo en el caso Blanche contra MukChoi Lau.
Por 6 votos conservadores contra 3 liberales, el máximo tribunal determinó que los agentes fronterizos no necesitan “pruebas claras y convincentes” de un delito para someter a un titular de green card a un proceso de deportación cuando regresa al país. Basta con la sospecha.
“Los funcionarios fronterizos no tenían la carga de demostrar, con pruebas claras y convincentes, que Lau hubiera cometido un delito que implicara depravación moral”, escribió el juez Clarence Thomas, quien redactó la opinión mayoritaria.
La Corte sostuvo que la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite clasificar al residente como solicitante de admisión basándose en la comisión del delito, y que la justificación puede sustentarse después, en la audiencia de remoción.
La jueza Ketanji Brown Jackson, en un voto disidente al que se sumaron sus dos colegas liberales, advirtió que la decisión entrega al gobierno “un cheque en blanco de gran alcance” y condena a los residentes a un “limbo migratorio” antes de ser declarados culpables.
El fallo afecta directamente a los aproximadamente 13.9 millones de residentes permanentes legales que viven en Estados Unidos, según el Migration Policy Institute.
Cualquier persona con green card que tenga cargos penales pendientes, incluso delitos menores, puede ser sometida a procedimientos de deportación al reingresar al país.
La administración Trump celebró el fallo como una victoria para la seguridad nacional.
Luz verde a “deportación acelerada”
Casi al mismo tiempo, la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. levantó una suspensión que bloqueaba la expansión del programa de “deportación acelerada” (expedited removal).
Esta política, originalmente limitada a detenciones cerca de la frontera, se amplía ahora a todo el territorio nacional y a cualquier persona que no pueda demostrar que lleva más de dos años en Estados Unidos de manera continua.
El mecanismo permite a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsar a inmigrantes indocumentados sin necesidad de una audiencia ante un juez de inmigración.
La administración Trump había emitido la orden ejecutiva original en enero de 2025, pero un tribunal inferior la había suspendido y el fallo despeja el camino para que las deportaciones sin debido proceso entren en vigor de inmediato, mientras se resuelve el litigio de fondo.
La Unión Americana de Libertades Civiles advirtió que la medida viola el debido proceso y podría resultar en la expulsión errónea de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
Aumentan costos de trámites
Como si ambas decisiones no bastaran para endurecer el clima migratorio, USCIS anunció una propuesta de regla que elevaría el costo de la solicitud de ciudadanía (Formulario N-400) de 725 dólares a aproximadamente 1,270, un incremento del 75 por ciento.
También subirían los precios de la renovación de green cards, los permisos de trabajo y otros trámites; la agencia argumentó que necesita cubrir sus costos operativos, pero organizaciones como el National Immigration Forum denunciaron que se trata de “una barrera económica que dificultará que los inmigrantes de bajos recursos accedan a la ciudadanía” y que forma parte de una estrategia más amplia para desincentivar la inmigración legal.
El hilo conductor de estas decisiones es inequívoco: la administración Trump ha encontrado en los tribunales, en las agencias federales y en el Congreso los instrumentos para construir un sistema que desanima, penaliza y expulsa.
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Lo que está en juego no es solo el destino de millones de personas que llevan años contribuyendo a la economía y al tejido social del país, sino la naturaleza misma del sistema migratorio estadounidense.
Si un residente permanente puede ser tratado como sospechoso por el simple hecho de regresar de un viaje, si un indocumentado puede ser deportado sin ver a un juez y si convertirse en ciudadano se vuelve un lujo inalcanzable, entonces la promesa de Estados Unidos como tierra de oportunidades se desvanece.
