Nueve activistas que protestaron frente a un centro de detención migratoria en Texas fueron sentenciados a penas de entre 50 y 100 años de prisión. CORTESIA: Department of Justice
Nueve activistas que protestaron frente a un centro de detención migratoria en Texas fueron sentenciados a penas de entre 50 y 100 años de prisión, en un caso que la administración Trump ha convertido en el emblema de su ofensiva contra lo que califica como “terroristas de Antifa”.
Las condenas, dictadas por un juez federal designado por el presidente, marcan un endurecimiento sin precedentes del Departamento de Justicia contra los ciudadanos críticos de la política migratoria, y coinciden con la reciente vinculación de supuestos miembros de la misma agrupación a un complot para atacar el evento de la UFC en la Casa Blanca.
Los manifestantes, entre los que se encuentran varios hispanos como Maricela Rueda, sentenciada a 70 años y Daniel Sánchez-Estrada, condenado a 30 años sin haber estado siquiera en la protesta, fueron hallados culpables en marzo de cargos que incluyen disturbios, suministro de apoyo material a terroristas y delitos con explosivos.
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La protesta del 4 de julio en Alvarado, al sur de Fort Worth, consistió en una ruidosa demostración con fuegos artificiales en solidaridad con los inmigrantes detenidos; algunos participantes vandalizaron vehículos oficiales y rompieron una cámara de seguridad.
Cuando un oficial de policía llegó y desenfundó su arma, Benjamin Song disparó un rifle AR-15 desde una zona boscosa e hirió al agente en el hombro, según los registros judiciales. Song recibió la pena más alta: 100 años de prisión.
Los otros condenados, Zachary Evetts, Autumn Hill, Savanna Batten, Elizabeth Soto y Meagan Morris, recibieron 50 años cada uno, pese a que varios de ellos no participaron en la planificación de la protesta, llegaron por separado y se retiraron cuando los guardias se lo pidieron.
Morris ni siquiera salió de la camioneta en la que viajaban, y Sánchez-Estrada, el esposo de Rueda, fue condenado por mover fanzines de izquierda a petición de su esposa después de que ella fuera arrestada.
“Trabajé muy duro todos los días en este país, creo en los derechos humanos y en ayudar a los necesitados. Soy padre, esposo y maestro. Pero no soy un terrorista”, declaró Sánchez-Estrada ante el tribunal antes de recibir su sentencia.
“Terroristas recibirán castigo”: Todd Blanche
“Las sentencias dictadas hoy dejan claro que los terroristas de Antifa que atacan a las fuerzas del orden y a las instalaciones federales enfrentarán una justicia rápida e inflexible”, declaró el fiscal general interino, Todd Blanche, en un comunicado difundido por el Departamento de Justicia.
Blanche, quien ha sido señalado por la exfiscal general Pam Bondi como el arquitecto del manejo de los archivos de Epstein, ha convertido la lucha contra “Antifa” en uno de los ejes de su gestión, al tiempo que la agrupación, que carece de estructura organizativa formal, ha sido vinculada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) al supuesto plan para atacar el evento de la UFC en la Casa Blanca del pasado 15 de junio.
En aquella ocasión, el FBI detuvo a cinco personas en California, Ohio y Missouri, entre ellas Bryan Omar Roa, un nombre de origen hispano, acusado de conspiración para cometer asesinato.
Según el comunicado del director del FBI, Kash Patel, los detenidos planeaban utilizar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento y asaltar las verjas de la residencia presidencial.
Roa y su coacusado Michael Alan Thomas fueron arrestados en California; Tycen Proper, de 19 años, fue imputado en Ohio por intento de asesinato de un oficial federal y conspiración contra Estados Unidos.
La administración ha utilizado ambos casos; las sentencias de Texas y el complot desbaratado para justificar una narrativa de persecución política que, según organizaciones de derechos civiles, criminaliza la disidencia y estigmatiza a las minorías.
Las condenas en Texas superan con creces las penas impuestas a los líderes de la insurrección del Capitolio del 6 de enero de 2021 que fueron revocadas por Donald Trump.
Enrique Tarrio, jefe de los Proud Boys, fue sentenciado a 22 años por conspiración sediciosa; Stewart Rhodes, fundador de los Oath Keepers, a 18 años.
“La mayoría de las veces, los jueces sentencian a los acusados por cargos separados de manera concurrente. Aquí parece que el juez acumuló las sentencias de cada cargo de forma consecutiva”, explicó Barbara McQuade, exfiscal federal de la administración Obama.
El caso de Texas ha sido seguido de cerca por juristas y activistas que advierten sobre sus implicaciones para la libertad de expresión.
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“Si alguna vez has vestido de negro en una protesta, has usado Signal o has llevado un botiquín, un jurado federal acaba de decidir que todo eso puede ser evidencia de terrorismo”, escribió la organizadora Hannah Riley Fernández en la red social X.
La advertencia no es retórica: el fiscal general Blanche ha confirmado que el Departamento de Justicia continuará “investigando, desarticulando y procesando” a quienes amenacen a los agentes del orden, en un momento en que las protestas contra las políticas migratorias se multiplican y la sombra de “Antifa” se extiende como un pretexto para silenciar la oposición.
